a aprobar antes de cuatro meses el Reglamento de la Ley de
Incompatibilidades de Altos Cargos, que obliga a publicar en el BOE el
patrimonio de los ministros y secretarios de Estado. La propuesta, que
partió del diputado de ICV Joan Herrera, supone que los socialistas
admiten cumplir, con dos años de retraso, con un precepto al que el
Gobierno estaba obligado desde 2006, puesto que la ley de
incompatibilidades aprobada en marzo de ese año fijó un máximo de
cuatro meses de plazo para aprobar su desarrollo reglamentario.
semana pasada ante la ministra de Administraciones Públicas, Elena
Salgado; en el texto, exigía el reglamento para antes de tres meses. El
grupo socialista ofreció a Herrera ampliar el plazo de tres a cuatro
meses, y finalmente el pleno ha votado estos términos de la moción, que
insta al Ejecutivo a aprobar las normas que permitan dar “cumplimiento
íntegro” a la norma, incluida la publicación en el BOE del patrimonio
de los ministros y los secretarios de Estado.
del Gobierno para aplicarla, puesto que el antecesor de Salgado, Jordi
Sevilla, sí redactó un reglamento que todavía duerme, ha dicho, “en un
cajón”. El portavoz de ICV, que conforma grupo parlamentario con ERC e
IU, ha advertido a la ministra de que tendrá que cumplir el mandato de
la Cámara y ha insistido en que el desarrollo de la ley dará más
transparencia a la actividad política.
que su grupo suscribe íntegramente el discurso de Herrera, algo que a
su juicio prueba la “ineficacia” y “maldad política” del Gobierno.
Merino se ha preguntado por qué los socialistas aprueban leyes “a bombo
y platillo” para incumplirlas y ha tachado de “desfachatez” que hoy
admitan un nuevo plazo de cuatro meses para el reglamento de
incompatibilidades cuando no lo han hecho en dos años.
dejado claro que el Gobierno ha incumplido la obligación legal
establecida en 2006 por las Cortes y ha revelado las “severas dudas”
que tiene sobre el respeto a la ley en vigor por parte de miembros del
Gobierno, que eludió mencionar con nombres y apellidos. Mientras que
Jordi Jané, del grupo de CiU, que en 2006 votó en contra de la ley, ha
anunciado sin embargo un voto a favor de la moción, pero ha expresado
su escepticismo respecto a la eficacia que para el fin que pretende la
norma pueda tener la difusión del patrimonio de los miembros del
Gobierno en una especie de “ránking”. Así, ha advertido del riesgo de
“criminalización” que se corre en función de los datos que aparezcan en
el cómputo patrimonial.
Batet, quien, al margen del retraso en el reglamento, ha remarcado que
este grupo parlamentario siempre ha llevado la iniciativa en esta
materia y ha asegurado que lo seguirá haciendo, frente a las
interpretaciones “laxas” que de la norma hacían los gobiernos del
Partido Popular. Además, ha puntualizado al PP que quien ahora no
cumple las leyes son las comunidades autónomas gobernadas por este
partido y ha dicho que aunque no se haya aprobado el reglamento, la
ley, que pretende “mejorar la calidad democrática y la transparencia”,
se cumple, y dudarlo es “irresponsable”.” www.ideal.es – EFE – Madrid
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Archivado en: corrupción
“La Fiscalía Anticorrupción experimentó en 2008 un incremento “espectacular”, del cien por cien, en el número de diligencias de investigación incoadas respecto al año anterior, según la memoria de esta fiscalía especial que dirige Antonio Salinas. Durante 2008 se interpusieron 15 nuevas querellas o denuncias y ampliaciones de otras anteriores.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, menciona la “precariedad de medios ofimáticos” y de que no dispone de los medios informáticos apropiados para el tratamiento de la información y documentación acorde con las necesidades de la Fiscalía especial.
En la actualidad, Anticorrupción interviene en un total de 246 procedimientos penales, entre los que destacan la Operación Gürtel contra la trama corrupta vinculada al PP, además de casos como el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; la Operación Ballena Blanca, sobre corrupción en Marbella; las presuntas estafas filatélicas de Afinsa y Fórum o Gescartera. La Fiscalía investiga también una treintena de convenios celebrados por el Ayuntamiento de Marbella.” (…)” www.elpais.com – J.M.L.
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“La portavoz de ICV, Laia Ortiz, reclamó hoy al Gobierno que introduzca mecanismos de transparencia y regulación e instrumentos de banca pública, tras la intervención del Ejecutivo central en Caja Castilla-La Mancha (CCM).
En rueda de prensa, aseguró que la primera responsabilidad del Gobierno es dar confianza y seguridad, garantizando los depósitos y la inyección de liquidez, “pero con condiciones”. “Los recursos públicos es dinero de todo el mundo, y hay que pedir responsabilidades y poner condiciones a la hora de inyectar liquidez e introducir transparencia en el funcionamiento de estas cajas”, aclaró.(…)” www.europapress.es
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”
La Fiscalía de Alicante solicita penas que suman ocho años de
prisión para el alcalde de La Vall de Laguar, Juan José Puchol Riera
(PSPV-PSOE), por haber falseado un documento público para modificar parcialmente el trazado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su beneficio.
Según la calificación del fiscal, el 5 de octubre de 1995, el
regidor, en nombre de la corporación municipal, remitió a la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio unos documentos con los que reclamaba determinados cambios en el PGOU que no habían sido aprobados en pleno.
La modificación solicitada por Puchol consistía en eliminar “un vial
que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde” en la
partida Peña Lisa, y crear “un vial por encima de la vivienda, el
garaje y unas naves comerciales propiedad de Juan Lorenzo Puchol Oliver, con quien tenía una enemistad manifiesta“, destaca el ministerio público.
El fiscal añade que, en julio de 1998, el regidor “autorizó diversas licencias de obra
a sabiendas que no se ajustaban a la normativa vigente”, una de ellas
en la zona de La Casota, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, durante este tiempo, “impidió de manera sistemática el acceso a la información urbanística” a los concejales del PP, “vulnerando sus derechos a participar en los asuntos públicos”.
Por estos hechos, el fiscal pide para el alcalde penas que suman
ocho años cárcel, por dos delitos de falsesdad documental. Además, la
Fiscalía reclama otros 12 años de inahabilitación, por un delito
continuado contra la ordenación urbana, así como una multa de 19.440
euros y su inhabilitación especial para empleo o cargo público.(…)” www.elmundo.es
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” La Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) exigió hoy que se publique un listado oficial que contemple las deudas que mantiene cada administración con las empresas a fin de buscar la transparencia.
Esta petición se incluye en una declaración institucional aprobada por la Junta Directiva de CEIM en su última reunión y con la que también se exige que se arbitren los mecanismos necesarios para que se cumpla estrictamente la legislación vigente y las empresas cobren en 60 días, a través del ICO o de cualquier otro instrumento.
Además propone una reforma global del sector público, para aportar soluciones a la crisis en lugar de agravarla. En este sentido, el presidente de CEIM, Arturo Fernández, afirmó que la patronal “no va a permitir” que las empresas sigan financiando a las administraciones.(…) www.europapress.es
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“El PSOE quiere que la capacidad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adquiera transparencia y, para ello, pretende que el órgano de gobierno de los jueces incluya en su memoria anual, de manera “exhaustiva”, los expedientes disciplinarios y las causas del archivo de los mismos, al tiempo que le insta a adoptar las medidas procedimentales para evitar su caducidad.
Ésta es una de las doce propuestas de resolución relativas a las Memorias del Consejo del Poder Judicial correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, a las que tuvo acceso Europa Press, que los socialistas defenderán en el Pleno del Congreso del próximo jueves.
Además, el PSOE plantea al CGPJ que culmine la elaboración de un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, sustituyendo al actual de módulos, para dimensionar la planta judicial y, en su caso, para un crecimiento “sostenible, progresivo y racional” de ésta.
ATENCIÓN “PREFERENTE” A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Asimismo, le sugiere que busque fórmulas “alternativas y complementarias” que mejoren la prestación del servicio, incentivando la actividad y partiendo del reconocimiento y dedicación de los miembros de la carrera judicial.
El PSOE apunta también la necesidad de que el CGPJ siga prestando una atención “preferente” a los juzgados de violencia de género, que abogue por reducir el elevador número de vacantes estructurales que presenta la carrera judicial y que racionalice “en sus justos términos” los llamamientos y la actuación de la justicia interina.
Del mismo modo, el grupo que capitanea José Antonio Alonso alude a la conveniencia de establecer mecanismos en su servicio de inspección que garanticen “el buen control y funcionamiento” de los órganos judiciales y a incluir en sus boletines estadísticos un conocimiento “cierto” del número de asunto, de la antigüedad de los mismos y de las causas de una posible dilación. (…)” www.europapress.es
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“El PSOE quiere que la capacidad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adquiera transparencia y, para ello, pretende que el órgano de gobierno de los jueces incluya en su memoria anual, de manera “exhaustiva”, los expedientes disciplinarios y las causas del archivo de los mismos, al tiempo que le insta a adoptar las medidas procedimentales para evitar su caducidad.
Ésta es una de las doce propuestas de resolución relativas a las Memorias del Consejo del Poder Judicial correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, a las que tuvo acceso Europa Press, que los socialistas defenderán en el Pleno del Congreso del próximo jueves.
Además, el PSOE plantea al CGPJ que culmine la elaboración de un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, sustituyendo al actual de módulos, para dimensionar la planta judicial y, en su caso, para un crecimiento “sostenible, progresivo y racional” de ésta.
ATENCIÓN “PREFERENTE” A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Asimismo, le sugiere que busque fórmulas “alternativas y complementarias” que mejoren la prestación del servicio, incentivando la actividad y partiendo del reconocimiento y dedicación de los miembros de la carrera judicial.
El PSOE apunta también la necesidad de que el CGPJ siga prestando una atención “preferente” a los juzgados de violencia de género, que abogue por reducir el elevador número de vacantes estructurales que presenta la carrera judicial y que racionalice “en sus justos términos” los llamamientos y la actuación de la justicia interina.
Del mismo modo, el grupo que capitanea José Antonio Alonso alude a la conveniencia de establecer mecanismos en su servicio de inspección que garanticen “el buen control y funcionamiento” de los órganos judiciales y a incluir en sus boletines estadísticos un conocimiento “cierto” del número de asunto, de la antigüedad de los mismos y de las causas de una posible dilación. (…)” www.europapress.es
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“El primer teniente de alcalde de Sevilla la Nueva (7.800 habitantes), Juan Antonio Teresa (PP), coaccionó y vulneró los derechos individuales de una concejal socialista, a la que retuvo durante horas en el Ayuntamiento por fotocopiar un informe urbanístico.
Ocurrió cuando era alcalde, en 2002, y por ello la Audiencia Provincial le ha condenado a seis meses de prisión y a tres años de inhabilitación para cualquier cargo electivo. Además, deberá indemnizar a la víctima con 9.000 euros. El condenado aseguró ayer que recurrirá al Tribunal Supremo.
La sentencia considera probado que el 10 de septiembre de 2002 la entonces concejal socialista Concepción Rojas acudió al Ayuntamiento -entonces gobernado por el PP y un grupo independiente- para recabar la documentación que necesitaba para un pleno. Una vez allí, encontró varios informes relativos al Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Se trataba de una documentación a la que la oposición no había tenido acceso por orden expresa del alcalde de la localidad, que la había calificado como “secreta” pese a estar en fase de exposición pública, según la sentencia.
La edil socialista comenzó a fotocopiar la documentación. Una trabajadora municipal la descubrió y alertó al alcalde, Juan Antonio Teresa. Éste ordenó primero al secretario del Ayuntamiento y después al jefe de la Policía Local que recuperasen los documentos fotocopiados. Pero la concejal socialista se negó a entregarlos. El regidor, continúa la sentencia, decidió entonces retener a la edil en el edificio municipal, donde permaneció durante casi tres horas.(…)” J. S. DEL MORAL – www.elpais.com
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“El equipo de gobierno del PP ocultó durante la sesión plenaria, los datos solicitados por los socialistas, que preguntaron sobre el coste de la campaña recaudatoria del IBI puesta en marcha por el Partido Popular. Ante las preguntas formuladas por la edil socialista Yolanda Besteiro, el concejal Gonzalo Garrido no facilitó dato ni información alguna.
Tras la sesión plenaria, el portavoz municipal de los socialistas, Javier Rodríguez, denunció “la estrategia de Bartolomé González y su equipo de gobierno de negar sistemáticamente el acceso a la información económica de este Ayuntamiento”. Rodríguez afirmó que la actitud mantenida hoy por el equipo de gobierno, negando la información solicitada en el Pleno y ocultando el coste de su campaña recaudatoria “supone un engaño y una falta de respeto a todos los vecinos, que tienen derecho a saber en qué se gasta el equipo de gobierno su dinero. Desde el Grupo Socialista –añadió- vamos a seguir exigiendo tener acceso a esta información y seguiremos solicitando a Bartolomé González que aclare en qué gasta miles y miles de euros que no son suyos, sino de todos los alcalaínos”.(…)”www.portal-local.com
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“El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, intenta dar carpetazo a la polémica de los informes externos de dudosa utilidad encargados por su Gobierno en 2007. El método que ha escogido es negarle a la oposición copia de los estudios encargados por el Departamento de la Presidencia tal como le había solicitado Convergència i Unió en el Parlamento catalán. Con este gesto Montilla se enfrenta también al presidente de la Cámara, el republicano Ernest Benach, quien, reglamento en mano, recuerda que los diputados deben tener copia de cualquier documento solicitado siempre que éste no sea secreto.
Benach, atendiendo la demanda de amparo del diputado de CiU Jordi Turull, dictaminó hace dos semanas que Montilla debía entregar copia de 12 informes solicitados por el primer grupo de la oposición. Así se lo hizo saber a Montilla. El presidente de la Generalitat respondió ayer, también por carta con una negativa tajante.
Montilla se justifica recordando que el diputado ya ha podido ver los informes sospechosos, aunque no haya podido fotocopiarlos como era su intención. Según la carta de Montilla, el Gobierno no ha negado información a CiU porque entiende que el reglamento del Parlamento le permite no dar copias de los informes “teniendo en cuenta la índole de la información” solicitada. En la misiva, el presidente se atribuye la potestad para determinar si un documento debe o no ser entregado. “De aquí que no se pueda concluir a priori y de forma generalizada cuál es la fórmula para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información de los diputados”. (…)
El Gobierno catalán acusa a CiU de actuar con doble rasero. Y es que los nacionalistas no sólo negaron sistemáticamente copia de los mismos a la oposición cuando gobernaba, sino que ni siquiera publicitaba los encargos que hacía. Ni las tarifas que pagaba. Cuando el tripartito llegó a la Generalitat en 2003 encontró decenas de informes en un almacén que analizaban desde las perspectivas electorales de Convergència i Unió hasta la tendencia política de algunos periodistas. Todo pagado con dinero público.” www.elpais.com
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