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“España es uno de los países donde la transparencia es más escasa. El problema no es que España no tenga una cultura de rendición de cuentas, sino de que existe un blindaje político sobre los datos. El Instituto de Evaluación es un ejemplo de ello.
El cambio en la opinión pública y gubernamental, que ha desplazado su preocupación por los recursos y el contenido de la educación hacia un enfoque sobre los resultados, ha conducido, en muchos países, a la definición de estándares de calidad del trabajo desarrollado por las instituciones educativas [...]. El establecimiento de estándares de rendimiento ha conducido, a su vez, al establecimiento de sistemas de rendición de cuentas”.
Son las palabras del Informe PISA 2006 que abren el capítulo dedicado a las “Disposiciones relativas a la rendición de cuentas”. Pero, indudablemente, entre esos “muchos países” que han decidido modernizar su Educación, no está España. España sigue preocupada por los recursos, no por los resultados, cuando cualquier mínimo análisis de nuestra situación nos dice que tenemos, sobre todo, un problema de resultados.
Así lo dice el último Informe conjunto de situación de 2008 del Consejo y de la Comisión sobre la ejecución del programa de trabajo “Educación y Formación 2010” publicado a principios de este mes: en resultados, la media está por debajo de la UE, y la evolución es negativa entre 2000 y 2006; en gasto, estamos por debajo de la media, pero al menos no hemos empeorado. Sin embargo, demasiado a menudo los análisis –políticos, sindicales o de otra índole– inciden en los recursos y pasan de puntillas sobre el fracaso escolar, el abandono temprano e, incluso, de PISA.
Precisamente, PISA publica no sólo rankings de resultados, sino otros que pasan más desapercibidos, como por ejemplo, el de transparencia y rendición de cuentas. Y, en este también, España suele ocupar los últimos lugares de la OCDE.
Publicación de resultados
En cuanto a la proporción de alumnos que acuden a centros donde los resultados académicos se han difundido públicamente, España está –con un 11%– en los últimos lugares, a 27 puntos de la media de la OCDE. Apenas hay diferencias por regiones, aunque por redes es una práctica algo más habitual en la pública que en la privada.
El Informe PISA 2006 dice expresamente que la difusión pública de los datos sobre logros académicos es uno de los factores que “parece tener un impacto más allá de su asociación con el entorno socioeconómico de los estudiantes y con otros factores escolares”. Una vez más, una medida barata ampliamente desaprovechada en España.
En el siguiente capítulo, España vuelve a ocupar los últimos lugares –sólo el 14% de los alumnos acude a centros donde los resultados académicos se han utilizado en la evaluación del director–, a 18 puntos de la media de la OCDE.
Sin embargo, si en vez de evaluar al director, se evalúa a los profesores, el porcentaje de alumnos que acude a centros donde los resultados académicos se han utilizado en la evaluación de los docentes es del 42% a un solo punto de la media de la OCDE y a 28 puntos de los que evalúan al director.
Lo que indica que, en España, en el único estamento en el que la evaluación parece tener consecuencias –además de en lo obvio, los alumnos–es entre los profesores. No es de extrañar que sean los docentes los más reacios a la evaluación, y no es sólo porque a nadie le gusta ser examinado: es que, primero, es claramente injusto que se evalúe sólo al nivel inferior, y cuanto más se avanza en la en responsabilidad, menos evaluación haya. Y no sólo por los directores: los políticos se evalúan aún menos.(…)” José M. De la Casa – Magisnet.com
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“«En pleno siglo XXI, la administración publica se tiene que caraterizar por dos cosas, la transparencia y la eficiacia, como transparente y eficaz tiene que ser la gestión de los altos cargos del Gobierno». Con esta finalidad, el consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, presentó el proyecto de ‘Ley de Conflictos de Intereses de miembros del Gobierno y altos cargos’, que, tras ser aprobado en el Consejo de Gobierno, se remitirá esta semana al Parlamento para su aprobación.
Esta normativa contempla por primera vez sanciones de hasta 10 años de inhabilitación e introduce novedades en las incompatibilidades de los altos cargos, como la prohibición permanente, con posterioridad al cese, de desarrollar actividades relacionadas con los expedientes en cuya resolución haya intervenido directamente el alto cargo. Además, durante los dos años posteriores al abandono del puesto, tampoco podrán suscribir ningún contrato de asistencia pública o de servicios con la administración ni con los organismos donde hayan prestado servicio. Esta restricción atañe tanto a la persona como a las empresas o sociedades donde el alto cargo tenga una participación superior al 10%.
La Inspección General de Servicios de la Consejería de Presidencia será la encargada de controlar con conflictos de intereses, es decir, las situaciones en las que «los altos cargos intervienen en decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen intereses de su puesto público con intereses propios, familiares o intereses compartidos con terceras personas», señaló Mediavilla.
El consejero destacó que todos los altos cargos tienen que basar su actividad pública en una serie de principios éticos como «la dedicación exclusiva al cargo (salvo las compatibilidades con los cargos de diputados, concejales y representación de entidades públicas), la dedicación estratégica y exclusiva a los intereses generales por encima de los propios, la transparencia patrimonial, el respeto de la adjudicación de los contratos y la imparcialidad en la toma de decisiones».(…)” Cristina Sobaler – El Diario de Cantabria – Santander
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“Jesús María Pacios y Reyes Tintó fueron destituidos como concejales del Ayuntamiento de Torrelodones en el verano de 2006. El alcalde, Carlos Galbeño (PP) los relevó porque se opusieron a uno de sus proyectos más polémicos: la recalificación del Área Homogénea Norte (AHN). Esta zona de 128 hectáreas forma parte del parque regional del Manzanares. Y allí, el alcalde pretendía construir un complejo residencial de 1.500 viviendas, campo de golf y un centro comercial.
Desde ese momento, los concejales destituidos denunciaron en público otras actuaciones sospechosas del gobierno municipal. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial consideran que los ediles “denunciaron los hechos irregulares de los que tuvieron noticia”. El alcalde, el concejal de Urbanismo y el presidente del PP local Mario Mingo -diputado nacional- se querellaron contra los ediles expulsados y los acusaron de difamación. La audiencia ha desestimado la querella.
Desde que Pacios y Tintó se opusieron a la urbanización del AHN fueron perseguidos por el PP local. De hecho, en el boletín del PP local publicado el 3 de noviembre de 2006 se anunció que los concejales habían sido imputados por un presunto delito de calumnias antes de que los querellantes presentaran la denuncia, el 5 de diciembre de ese mismo año. El alcalde y otros concejales populares acusaron a los ediles díscolos de “defender intereses privados en lugar de los públicos”.
Ante estos ataques, los dos ediles denunciaron, en octubre de 2006, ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades urbanísticas.(…)” El País.com – J.Sérvulo González – Madridç
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“El síndico mayor de Cuentas, Joan Colom, censuró ayer que el concepto de vinculación entre las formaciones políticas y sus fundaciones “no está definido en la normativa que regula los partidos políticos y su financiación, ni en la normativa reguladora de las fundaciones”, por lo que instó a solventar la situación.
Colom repasó el informe de la Sindicatura sobre subvenciones a fundaciones vinculadas a las formaciones políticas catalanas con representación parlamentaria en 2004, que sumaron 944.755 euros entre seis fundaciones, contando sólo subvenciones superiores a 10.000 euros. Las beneficiarias fueron la Fundación Rafael Campalans (PSC), con 249.991 euros; la Ramon Trias Fargas (CDC), con 208.136; la President Josep Irla (ERC), con 172.519; la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (PP), con 90.675 euros; la Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (UDC), con 61.902, y la Fundació Privada Nous Horitzons (ICV), con 161.530.
Colom destacó que muchas subvenciones se otorgaron sin concurso público.(…) El País.com – Barcelona
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