“José Pedro Butrón, delegado municipal de Urbanismo, apuntó ayer que su compromiso continúa siendo el de ser “inflexibles con la corrupción en materia de construcción”, declaraciones que realizó el edil de IU después de que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia de Cádiz alertase, en su memoria de 2007, sobre la situación de corrupción urbanística que se vive en los municipios gaditanos.
Butrón, que reiteró su voluntad de colaboración absoluta con el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, destacó que “en cierta medida, esta memoria viene a ratificar la necesidad de llevar a cabo una de las medidas previstas, el incremento de personal y el refuerzo del área de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo”.
“Si la visión general de la Fiscalía con respecto a los Ayuntamientos gaditanos es que se está llevando a cabo una palmaria dejación de funciones para restablecer la legalidad, me ratifico en que ese no es el caso de la Delegación de Urbanismo que yo encabezo, ya que la política urbanística que estamos llevando a cabo pasa por restituir la legalidad, sancionar y ser inflexibles con la corrupción en materia de construcción”. (…) Diario de Cádiz.es – Redacción
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“En la sesión de control al Gobierno celebrada hoy en el Congreso, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica va a haber “transparencia, multilateralidad y solidaridad” con las comunidades autónomas en respuesta a la diputada del PP, Soraya Sáez de Santamaría sobre los planes del Gobierno para “reforzar la solidaridad” en el futuro modelo. (…)” Agencias – El Diario Montañés.es
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“El ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, compareció este martes ante un juez en Madrid en el marco de un caso de corrupción y apropiación indebida cuando fue ministro de Economía (1996-2004), informaron los medios españoles.
Rodrigo Rato llegó al tribunal por la mañana y su declaración duró alrededor de una hora. Su hermano Ramón Rato, también implicado en este asunto, declaró asimismo por la mañana ante el juez de instrucción José Sierra.
Ambos están acusados, junto con otras 13 personas, entre ellos el presidente del primer banco español, el Santander, Emilio Botín, en un caso relacionado con la compra, en 1999, del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa de la familia Rato, por el banco Banesto, filial de Santander. Están acusados de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información.
Durante su declaración de este martes, Rato, ministro de Economía de los dos Gobiernos del conservador José María Aznar en el momento de los hechos, negó cualquier trato de favor hacia los dirigentes de Banesto durante esta operación finanicera. El ex ministro declaró no estar al tanto de los detalles de la operación, puesto que su hermano estaba encargado de la venta, y aseguró que sus relaciones con Botín eran puramente institucionales, informaron a los medios sus abogados tras la comparecencia.
La justicia madrileña inició esta investigación tras una denuncia presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui, ampliada en 2005 por el abogado Antonio Panea, accionista de Santander y Banesto. Según esta denuncia, Emilio y Jaime Botín aceptaron la compra del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la sociedad estaba “en situación de quiebra técnica”, con el objeto de “ganarse el favor” del ministro de Economía. (…)” AFP
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“El buen periodismo no entiende de papel, web, radio o televisión. El medio no determina el mensaje, sino que son las fuentes y los contenidos los que determinan el nivel de calidad y de interés público de la información. Por eso, el ejercicio del periodismo consiste básicamente en hacer preguntas. Habitualmente, quien tiene las respuestas no quiere responder porque en su control radica su poder.
El problema aparece cuando las respuestas son custodiadas por la Administración pública, únicamente porque su función y gestión así lo presupone. ¿Qué países compran tecnología de doble uso a España y cuánto dinero representa en la balanza comercial? ¿Qué diputados asistieron (no qué votaron) a la última reunión de la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados? Estas y otras preguntas cuya respuesta tutela el Estado son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos, que encuentran innumerables trabas y excusas por parte de los funcionarios, que desatienden estas peticiones sin otro argumento que la confidencialidad, la seguridad o, básicamente, “a usted qué le importa”. La experiencia de cualquier periodista se confirma con los informes presentados por asociaciones y ONG. El funcionario desconoce sus obligaciones, teme las represalias y deriva las preguntas hacia el gabinete de prensa de turno, que se encarga de modelar la información, saturar con datos o cortocircuitar el acceso a las fuentes.
La concepción cerrada de la Administración está lejos de las demandas de una sociedad abierta y transparente, que reclama a los Gobiernos que expliquen sus actuaciones y el gasto que suponen. La democracia está basada en la información, porque es el ciudadano quien tiene derecho a conocer, a expresarse y a estar en desacuerdo. El ciudadano que conoce tiene capacidad de juicio sobre los asuntos de la esfera pública y forma una opinión pública responsable. La transparencia informativa facilita este proceso en tanto que asegura el desarrollo del Estado de derecho, engrasa el sistema político, incrementa la competencia efectiva entre partidos y fomenta la función de perro guardián de los medios de comunicación. (…)” Juan Luis Manfredi – El País.com
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“(…) En el caso español, el problema no es que tengamos una legislación deficiente o exigua. Simplemente es que no existe. Imposible saber en España qué informes elaboró el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, David Taguas, sobre la crisis del sector inmobiliario antes de fichar, precisamente, por la patronal de la construcción. Es una pena, porque la publicidad, rutinaria y continuada, de esos informes hubiera ayudado a despejar ahora cualquier tipo de duda sobre la calidad o intención de su asesoramiento. No es lo mismo que el presidente del Gobierno estuviera escuchando a un colaborador independiente, que a alguien que compartía ya tanto el punto de vista de las empresas del sector que, de un día para otro, consideró conveniente dar un empujón a la puerta y pasar al otro lado.
Exigir transparencia en las distintas administraciones (autonómicas y locales incluidas) no es una manía de periodistas y profesores obsesos, sino una garantía de los ciudadanos contra, entre otras cosas, el excesivo juego de las puertas que giran (un sistema simple y eficaz de recordar lo fácil que es romperse los dedos), y una defensa contra el secretismo innato de casi cualquier tipo de organización, incluida la Administración pública y los Gobiernos democráticos. No se explica cómo un Gobierno como el español, que se vanagloria de dirigir a la octava potencia económica del mundo y que ha sido capaz de impulsar importantes modernizaciones sociales, como la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo, siga bloqueando la ley de acceso a documentos e informes financiados con dinero público. ¿Por qué no se pueden conocer en España en un plazo razonable los informes de la Oficina Económica del Presidente y sí se pueden analizar los que elabora el Consejo de Asesores Económicos del presidente de Estados Unidos? ¿Por qué no podemos conocer cómo deliberan los miembros de la Comisión Ejecutiva del Banco de España y sí leer las deliberaciones, con nombres y apellidos, de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos?
Las leyes conocidas como Freedom Information Acts, que obligan a las administraciones públicas a facilitar el libre acceso de los ciudadanos a toda la documentación que obra en su poder (salvo los datos relativos a la intimidad de las personas o a la seguridad nacional), han sido grandes impulsoras no sólo de la lucha contra la corrupción, las corruptelas y el abuso de poder, sino de Gobiernos eficaces y sociedades comprometidas. No es casualidad que los países en los que la ley obliga a las administraciones a trabajar con mayores niveles de transparencia sean precisamente los países con menores índices de corrupción y mayor satisfacción ciudadana. (…)” Soledad Gallego – El País.es – 4 de Mayo de 2005
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