“El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, afirmó hoy que tres años después de la llegada del Gobierno bipartito a la Xunta “”no hay transparencia ni eficacia”, y consideró que el cambio “fue a peor”.
Para Feijóo, “hay dos bloques de gobierno, siempre los hubo: un liderazgo del señor Touriño, con sus conselleiros socialistas, y otro del señor Quintana, con sus conselleiros nacionalistas”.
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Efe, el líder de los ‘populares’ gallegos considera que el BNG “fue la gran decepción en materia de transparencia”, y el PSOE, “en la gestión de los servicios”.(…)” Agencia EFE – Soitu.es
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“El concejal de Desarrollo Urbano, Miguel Gómez Ijalba, recordó ayer al PSOE que en el mes de diciembre del 2007, poco tiempo después de presentarse el convenio para la permuta de unos terrenos que un mes antes habían pertenecido al director general de Urbanismo, Javier Martínez Laorden, ya había solicitado «auxilio» para afrontar la situación a sus socios del equipo de Gobierno.
Según desveló ayer, en su momento consideró, junto a su partido, que la operación «no era ni ética ni moral», por lo que dio a conocer el asunto al alcalde Tomás Santos y al portavoz municipal, Vicente Urquía. Ante el silencio que recibió como respuesta, Ijalba afirma que posteriormente solicitó por escrito qué debía de hacer. «Se me indicó que continúe con la tramitación del procedimiento. Por lo tanto» , aclaró el edil, «no se me dio ningún tipo de solución ni se hizo ningún tipo de planteamiento».
Ética y moralidad
«El PR ha defendido en todo momento que tiene que haber absoluta transparencia con el Urbanismo, entendiendo que la moral y la ética deben estar por encima (y ser más exigentes) que la propia legalidad», insistió ayer. Por tal motivo, añadió, al llevar el asunto a la Junta de Gobierno quiso dejar «absolutamente claro» que quien hizo público la cuestión fue él. «Afronto absolutamente todas las consecuencias que puedan presentarse», aseguró.
Asimismo, el edil del PR comentó que ante la situación generada solicitará, haciendo partícipe al alcalde y al propio Martínez Laorden, la anulación de la polémica enajenación que hizo el funcionario a la empresa, «que no tiene ninguna responsabilidad», para «no complicar más la situación». A su juicio, de esta manera, la operación que quería hacer la empresa con el Ayuntamiento de Logroño se pueda llevar a cabo «sin que se vea involucrada la parcela del director general de Urbanismo».(…)” M.Schmitt – La Rioja.com
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Los responsables españoles de la organización de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional (TI) presentaron ayer un demoledor estudio sobre la transparencia en los cien ayuntamientos más grandes de España. Aunque no dieron a conocer los resultados, debido a que faltan la mitad de las repuestas de los consistorios sobre ochenta indicadores de evaluación, sí desglosaron algunos puntos que denotan la gravedad del fenómeno.
El catedrático de la universidad Rey Juan Carlos y miembro del consejo de TI-España, Manuel Villoria, destacó que la corrupción urbanística en el ámbito municipal es “preocupante” ya que de los 8.200 municipios, 133 tienen algún tipo de imputación por este motivo.
Además, subrayó que en el 70% de estos municipios imputados, el alcalde ha sido reelegido en las últimas elecciones municipales y que “en cuatro de los cinco casos en los que el regidor ha sido condenado ha aumentado el número de votos”.
En cuanto a la percepción de los españoles sobre la corrupción, el informe revela que España ha retrocedido de un 7 de valoración en el año 2000 a un 6,7 en 2007, lo que supone el puesto 25, dos más que en el ránking de 2006 cuando el índice logrado fue de 6,8 puntos sobre diez. (…)” Agencias – El Confidencial.com
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“Las numerosas quejas recibidas sobre la falta de contestación de la Administración a los escritos y solicitudes que los ciudadanos les dirigen, obliga al Diputado del Común a continuar destacando la necesidad de que la Administración Pública actúe con sujeción al principio de eficacia funcional, burocrática y legislativa. O lo que es lo mismo: observando una mayor simplificación y claridad en los textos legales.
El Diputado del Común señala en su Informe Anual que: “La Administración Pública debe tener una dimensión finalista que comprenda la eficacia, la operatividad y la existencia de unos buenos resultados. La constatación de esta necesidad ha planteado la necesidad, a nivel global, de desarrollar diferentes estudios sobre la reforma administrativa.”
A renglón seguido se concluye que: “Bajo estos principios se han analizado las quejas recibidas, relativas a la falta de respuesta de la Administración a escritos y solicitudes que realizan los ciudadanos, y por las que hemos detectado la vulneración del deber de dar resolución expresa a los expedientes que se inician a instancia de parte: el silencio ante una cuestión planteada por el ciudadano. Dicha vulneración no sólo esta presente en los Ayuntamientos canarios, sino también en dependencias pertenecientes a las diversas Consejerías de la Administración autonómica y, lo que es peor, también se han detectado problemas de este tipo –retrasos e inactividad- en las propias Oficinas de Información al Consumidor de los Ayuntamientos y de Cabildos Insulares.”
El Diputado del Común advierte en última instancia: “Lamentablemente, en determinadas Administraciones Públicas, sobre todo locales, resulta reiterado y continuo el incumplimiento de los deberes formales que les impone la legislación sobre el Procedimiento Administrativo.”
En relación a la vulneración del Derecho de Acceso a la Información por parte del ciudadano, el Diputado del Común, recalcó en su Informe Anual: “Del análisis de las quejas recibidas, sigue evidenciándose que el Derecho de Acceso a la Información aparece como uno de los grandes problemas que tienen las Corporaciones Locales en su relación con los ciudadanos. Creemos –adelanta el Informe- que el problema radica en la heterogeneidad de los criterios de interpretación que en cada caso hacen los técnicos municipales del alcance y contenido de este derecho a la información, hace que, en ocasiones, lo que para una Corporación local resulta de obligado cumplimiento –derecho a la información- , para otra Corporación se convierta en una aplicación restrictiva del mismo derecho, imposibilitando al ciudadano su ejercicio.” SB Noticias – Revista Digital San Borondón.
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“El Senado ha aprobado hoy por unanimidad una moción consecuencia de interpelación por la que se insta al Gobierno a impulsar medidas de transparencia informativa ante incidentes nucleares, a traspasar las competencias a la Generalitat en materia de seguridad nuclear y a coordinar planes de emergencia. Esta iniciativa -presentada por CiU, aunque se ha consensuado un texto transaccional con PSOE, PP y Entesa- surge a raíz de la fuga de partículas radiactivas que sufrió la central tarraconense de Ascó I a finales de noviembre de 2007, y que no trascendió a la opinión pública hasta el pasado 5 de abril. El texto insta al Gobierno a poner en marcha una política efectiva en materia de transparencia informativa frente a los accidentes nucleares para facilitar datos a la población afectada por este tipo de incidencias, “dado el desbarajuste informativo” que se produjo en el caso de Ascó I, según ha afirmado el senador de CiU Josep Maldonado. (…) EFE – Diario de Burgos.es
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“El CIMA canalizará el proceso participativo, que dará comienzo el próximo lunes, 30 de junio.
La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria es la encargada de elaborar el Informe de Cumplimiento del ‘Convenio de Aarhus’ en Cantabria, que será remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para integrarse en el futuro Informe Nacional.
Siguiendo los principios de participación y transparencia, la elaboración de este Informe Nacional lleva aparejada la realización de un proceso participativo en cada Comunidad Autónoma.
El Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) es el organismo responsable de canalizar dicho proceso, poniendo en conocimiento del público los objetivos del ‘Convenio de Aarhus’ y facilitando el cuestionario redactado para recoger las distintas opiniones. Este proceso participativo comienza el próximo lunes, 30 de junio.
En la elaboración del documento colaborarán distintos órganos de la Administración regional vinculados con la información medioambiental (direcciones generales, organismos autónomos, empresas públicas) y deberá contar con la opinión de la sociedad.
De esta manera, a partir del próximo lunes y durante dos meses, la ciudadanía y el tejido asociativo podrán expresar sus observaciones sobre el grado de cumplimiento, por parte del Gobierno de Cantabria, de las obligaciones que establece el ‘Convenio de Aarhus’.
Para ello, la información más relevante puede encontrarse en la Web de la Consejería de Medio Ambiente, en la dirección www.medioambientecantabria.com/Aarhus y se ha habilitado la dirección de correo electrónico buzon-aarhus@medioambientecantabria.com para el envío de comentarios y sugerencias.
Asimismo, se mantendrán reuniones con agentes empresariales y organizaciones sociales vinculadas al medio ambiente. Para facilitar la participación de los agentes empresariales, se cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de Cantabria, a través del Foro Empresarial de Medio Ambiente. (…)” Europa Press – EcoDiario.es
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“ Es lo que pide el PSOE en el debate abierto sobre el diseño del futuro Plan General de Ordenación Urbana.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Mercedes Martín, ha manifestado que en el futuro Plan General de Ordenación Urbana debe primar los equipamientos y los servicios, tales como colegios, centros de salud, centros de día y espacios verdes, entre otros. Desde su punto de vista, el documento, además de “transparente y abierto a la participación”, tiene que garantizar un desarrollo sostenible que garantice la revitalización del casco histórico, además de dinamizar el mercado de alquiler y de viviendas protegidas. (…)” Avilared.com
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“Cantabria – Mediavilla destaca que la norma es pionera en España y mejorará la confianza de los ciudadanos al aumentar la transparencia y la eficacia en la gestión.
El Parlamento de Cantabria aprobó ayer por unanimidad la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y miembros del Gobierno regional en aras de la transparencia y la eficacia.
El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, defendió el proyecto como un instrumento para aumentar la transparencia en la gestión. Ese el único camino, dijo, para alcanzar el objetivo de «confianza» por parte de los ciudadanos. Solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Galicia, tienen un sistema similar pero Cantabria se convierte en pionera por someterse a los más estrictos controles.
La norma, que agrupa la regulación existente y la hace más rígida, determina las relaciones de los altos cargos con la Administración, no sólo en lo referido a su mandato sino a los años posteriores. El alto cargo, cuando deje de serlo, no podrá desarrollar una actividad privada relacionada con expedientes que ha tratado, con lo que se asegura que no utilizará su cargo en beneficio privado.
La ley incluye un apartado de sanciones para que «no sea un mero papel mojado». Las muy graves pueden suponer la inhabilitación para cualquier cargo público. La norma, aclaró Mediavilla, opta fundamentalmente por la prevención. Su artículo seis encomienda al Gobierno cántabro la elaboración de un código del buen gobierno sobre el que ya se está trabajando. «No es un texto de partidos ni de personas y tiene ámbito de perdurabilidad» por lo que se refirió a la importancia del consenso que se ha alcanzado.
Fruto de una enmienda del Partido Popular se ha eliminado la posibilidad de que un miembro del Gobierno pueda ser senador. Luis Carlos Albalá se mostró «feliz» por el acuerdo para aprobar la ley por unanimidad. Se han aceptado cinco enmiendas populares, de las 13 planteadas, y otras cinco transaccionales. «No sólo hay que ser honesto, hay que parecerlo», dijo, opinión compartida por otros portavoces.
El portavoz regionalista Rafael de la Sierra destacó que la ley lucha contra la corrupción política y recalcó que se trata de una norma preventiva para evitar «situaciones de riesgo». El órgano de vigilancia se centra, explicó, en la inspección de servicios, el Parlamento y la posibilidad de denuncias públicas. Todo ello reforzado por un régimen sancionador, subrayó. (…)” Isabel Arozamena – El Diario Montañés.es
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“La Federación de Municipios aconseja a los ediles hacer públicos sus bienes. Los ayuntamientos tienen la obligación de hacer pública la declaración de bienes de sus alcaldes y ediles según la Ley del Suelo, que ningún ayuntamiento, salvo Gijón, aplica por la supuesta falta de un instrumento jurídico para hacerlo. La comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Getafe (Madrid), Pedro Castro, aprobará hoy la creación de una comisión para elaborar un Código de Buen Gobierno en el que se recomendará a alcaldes y concejales hacer pública su declaración de bienes y actividades, una medida prevista para atajar la corrupción en los ayuntamientos.
La Ley del Suelo modificó el año pasado, a través de su Disposición Adicional Novena, el artículo 75.7 de la Ley de Régimen Local. La norma establece que la declaración de bienes de los miembros de los consistorios se hará en los términos fijados en el Estatuto Municipal. Este estatuto es una figura legal inexistente, que estaba contemplada en la nueva Ley de Régimen Local, que no llegó a aprobarse en la pasada legislatura porque no hubo acuerdo entre los partidos. La inexistencia de ese Estatuto Municipal ha sido utilizada como coartada por casi todos los consistorios de España para no publicar la declaración de bienes de sus miembros. Alcaldes y concejales ya tenían desde 1985 la obligación de declarar sus bienes. Pero esta declaración quedaban a buen recaudo y casi nadie podía consultarla. La novedad que se introduce es que esa declaración debe ser pública.
El pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus alcaldes y concejales -sólo cumplen Gijón y Sevilla- vulneran las medidas contra la corrupción de la Ley del Suelo. Corredor recordó que a través del Reglamento municipal se pueden ya hacer públicas las declaraciones de bienes y actividad de alcaldes y concejales.
La FEMP trata de salvar el vacío legal con su Código de Buen Gobierno, en la que insistirá en que, a falta de Estatuto Municipal, la declaración pública puede regularse a través del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, donde exista; y en los lugares donde no haya, a través del pleno municipal.(…)” El País.com – L. R. Aizpeolea
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