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“Cantabria – Mediavilla destaca que la norma es pionera en España y mejorará la confianza de los ciudadanos al aumentar la transparencia y la eficacia en la gestión.
El Parlamento de Cantabria aprobó ayer por unanimidad la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y miembros del Gobierno regional en aras de la transparencia y la eficacia.
El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, defendió el proyecto como un instrumento para aumentar la transparencia en la gestión. Ese el único camino, dijo, para alcanzar el objetivo de «confianza» por parte de los ciudadanos. Solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Galicia, tienen un sistema similar pero Cantabria se convierte en pionera por someterse a los más estrictos controles.
La norma, que agrupa la regulación existente y la hace más rígida, determina las relaciones de los altos cargos con la Administración, no sólo en lo referido a su mandato sino a los años posteriores. El alto cargo, cuando deje de serlo, no podrá desarrollar una actividad privada relacionada con expedientes que ha tratado, con lo que se asegura que no utilizará su cargo en beneficio privado.
La ley incluye un apartado de sanciones para que «no sea un mero papel mojado». Las muy graves pueden suponer la inhabilitación para cualquier cargo público. La norma, aclaró Mediavilla, opta fundamentalmente por la prevención. Su artículo seis encomienda al Gobierno cántabro la elaboración de un código del buen gobierno sobre el que ya se está trabajando. «No es un texto de partidos ni de personas y tiene ámbito de perdurabilidad» por lo que se refirió a la importancia del consenso que se ha alcanzado.
Fruto de una enmienda del Partido Popular se ha eliminado la posibilidad de que un miembro del Gobierno pueda ser senador. Luis Carlos Albalá se mostró «feliz» por el acuerdo para aprobar la ley por unanimidad. Se han aceptado cinco enmiendas populares, de las 13 planteadas, y otras cinco transaccionales. «No sólo hay que ser honesto, hay que parecerlo», dijo, opinión compartida por otros portavoces.
El portavoz regionalista Rafael de la Sierra destacó que la ley lucha contra la corrupción política y recalcó que se trata de una norma preventiva para evitar «situaciones de riesgo». El órgano de vigilancia se centra, explicó, en la inspección de servicios, el Parlamento y la posibilidad de denuncias públicas. Todo ello reforzado por un régimen sancionador, subrayó. (…)” Isabel Arozamena – El Diario Montañés.es
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“La Federación de Municipios aconseja a los ediles hacer públicos sus bienes. Los ayuntamientos tienen la obligación de hacer pública la declaración de bienes de sus alcaldes y ediles según la Ley del Suelo, que ningún ayuntamiento, salvo Gijón, aplica por la supuesta falta de un instrumento jurídico para hacerlo. La comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Getafe (Madrid), Pedro Castro, aprobará hoy la creación de una comisión para elaborar un Código de Buen Gobierno en el que se recomendará a alcaldes y concejales hacer pública su declaración de bienes y actividades, una medida prevista para atajar la corrupción en los ayuntamientos.
La Ley del Suelo modificó el año pasado, a través de su Disposición Adicional Novena, el artículo 75.7 de la Ley de Régimen Local. La norma establece que la declaración de bienes de los miembros de los consistorios se hará en los términos fijados en el Estatuto Municipal. Este estatuto es una figura legal inexistente, que estaba contemplada en la nueva Ley de Régimen Local, que no llegó a aprobarse en la pasada legislatura porque no hubo acuerdo entre los partidos. La inexistencia de ese Estatuto Municipal ha sido utilizada como coartada por casi todos los consistorios de España para no publicar la declaración de bienes de sus miembros. Alcaldes y concejales ya tenían desde 1985 la obligación de declarar sus bienes. Pero esta declaración quedaban a buen recaudo y casi nadie podía consultarla. La novedad que se introduce es que esa declaración debe ser pública.
El pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus alcaldes y concejales -sólo cumplen Gijón y Sevilla- vulneran las medidas contra la corrupción de la Ley del Suelo. Corredor recordó que a través del Reglamento municipal se pueden ya hacer públicas las declaraciones de bienes y actividad de alcaldes y concejales.
La FEMP trata de salvar el vacío legal con su Código de Buen Gobierno, en la que insistirá en que, a falta de Estatuto Municipal, la declaración pública puede regularse a través del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, donde exista; y en los lugares donde no haya, a través del pleno municipal.(…)” El País.com – L. R. Aizpeolea
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