Transparencia y acceso a la información

“La Federación de Municipios aconseja a los ediles hacer públicos sus bienes. Los ayuntamientos tienen la obligación de hacer pública la declaración de bienes de sus alcaldes y ediles según la Ley del Suelo, que ningún ayuntamiento, salvo Gijón, aplica por la supuesta falta de un instrumento jurídico para hacerlo. La comisión ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Getafe (Madrid), Pedro Castro, aprobará hoy la creación de una comisión para elaborar un Código de Buen Gobierno en el que se recomendará a alcaldes y concejales hacer pública su declaración de bienes y actividades, una medida prevista para atajar la corrupción en los ayuntamientos.

La Ley del Suelo modificó el año pasado, a través de su Disposición Adicional Novena, el artículo 75.7 de la Ley de Régimen Local. La norma establece que la declaración de bienes de los miembros de los consistorios se hará en los términos fijados en el Estatuto Municipal. Este estatuto es una figura legal inexistente, que estaba contemplada en la nueva Ley de Régimen Local, que no llegó a aprobarse en la pasada legislatura porque no hubo acuerdo entre los partidos. La inexistencia de ese Estatuto Municipal ha sido utilizada como coartada por casi todos los consistorios de España para no publicar la declaración de bienes de sus miembros. Alcaldes y concejales ya tenían desde 1985 la obligación de declarar sus bienes. Pero esta declaración quedaban a buen recaudo y casi nadie podía consultarla. La novedad que se introduce es que esa declaración debe ser pública.

El pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, aseguró que los ayuntamientos que no hacen pública la declaración de bienes de sus alcaldes y concejales -sólo cumplen Gijón y Sevilla- vulneran las medidas contra la corrupción de la Ley del Suelo. Corredor recordó que a través del Reglamento municipal se pueden ya hacer públicas las declaraciones de bienes y actividad de alcaldes y concejales.

La FEMP trata de salvar el vacío legal con su Código de Buen Gobierno, en la que insistirá en que, a falta de Estatuto Municipal, la declaración pública puede regularse a través del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, donde exista; y en los lugares donde no haya, a través del pleno municipal.(…)” El País.com – L. R. Aizpeolea

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