Los responsables españoles de la organización de lucha contra la corrupción Transparencia Internacional (TI) presentaron ayer un demoledor estudio sobre la transparencia en los cien ayuntamientos más grandes de España. Aunque no dieron a conocer los resultados, debido a que faltan la mitad de las repuestas de los consistorios sobre ochenta indicadores de evaluación, sí desglosaron algunos puntos que denotan la gravedad del fenómeno.
El catedrático de la universidad Rey Juan Carlos y miembro del consejo de TI-España, Manuel Villoria, destacó que la corrupción urbanística en el ámbito municipal es “preocupante” ya que de los 8.200 municipios, 133 tienen algún tipo de imputación por este motivo.
Además, subrayó que en el 70% de estos municipios imputados, el alcalde ha sido reelegido en las últimas elecciones municipales y que “en cuatro de los cinco casos en los que el regidor ha sido condenado ha aumentado el número de votos”.
En cuanto a la percepción de los españoles sobre la corrupción, el informe revela que España ha retrocedido de un 7 de valoración en el año 2000 a un 6,7 en 2007, lo que supone el puesto 25, dos más que en el ránking de 2006 cuando el índice logrado fue de 6,8 puntos sobre diez. (…)” Agencias – El Confidencial.com
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“Las numerosas quejas recibidas sobre la falta de contestación de la Administración a los escritos y solicitudes que los ciudadanos les dirigen, obliga al Diputado del Común a continuar destacando la necesidad de que la Administración Pública actúe con sujeción al principio de eficacia funcional, burocrática y legislativa. O lo que es lo mismo: observando una mayor simplificación y claridad en los textos legales.
El Diputado del Común señala en su Informe Anual que: “La Administración Pública debe tener una dimensión finalista que comprenda la eficacia, la operatividad y la existencia de unos buenos resultados. La constatación de esta necesidad ha planteado la necesidad, a nivel global, de desarrollar diferentes estudios sobre la reforma administrativa.”
A renglón seguido se concluye que: “Bajo estos principios se han analizado las quejas recibidas, relativas a la falta de respuesta de la Administración a escritos y solicitudes que realizan los ciudadanos, y por las que hemos detectado la vulneración del deber de dar resolución expresa a los expedientes que se inician a instancia de parte: el silencio ante una cuestión planteada por el ciudadano. Dicha vulneración no sólo esta presente en los Ayuntamientos canarios, sino también en dependencias pertenecientes a las diversas Consejerías de la Administración autonómica y, lo que es peor, también se han detectado problemas de este tipo –retrasos e inactividad- en las propias Oficinas de Información al Consumidor de los Ayuntamientos y de Cabildos Insulares.”
El Diputado del Común advierte en última instancia: “Lamentablemente, en determinadas Administraciones Públicas, sobre todo locales, resulta reiterado y continuo el incumplimiento de los deberes formales que les impone la legislación sobre el Procedimiento Administrativo.”
En relación a la vulneración del Derecho de Acceso a la Información por parte del ciudadano, el Diputado del Común, recalcó en su Informe Anual: “Del análisis de las quejas recibidas, sigue evidenciándose que el Derecho de Acceso a la Información aparece como uno de los grandes problemas que tienen las Corporaciones Locales en su relación con los ciudadanos. Creemos –adelanta el Informe- que el problema radica en la heterogeneidad de los criterios de interpretación que en cada caso hacen los técnicos municipales del alcance y contenido de este derecho a la información, hace que, en ocasiones, lo que para una Corporación local resulta de obligado cumplimiento –derecho a la información- , para otra Corporación se convierta en una aplicación restrictiva del mismo derecho, imposibilitando al ciudadano su ejercicio.” SB Noticias – Revista Digital San Borondón.
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