“Ya son ocho los detenidos por malversar fondos
públicos del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas
Baleares (CDEIB) durante la legislatura de Jaume Matas. Entre
arrestados destacan su gerente, Antònia Ordinas, su esposa,
la soprano Isabel Maria Rosselló, y un decorador que trabajaba para el
Consorcio. La Policía Nacional no descarta que aún haya más detenciones.
El operativo policial comenzó esta mañana. Los arrestos se han
producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción ante un presunto
delito de malversación de fondos del consorcio durante la etapa en que
Ordinas dirigía el Consorcio.
El pasado abril,
los servicios jurídicos de la Conselleria de Comercio, Industria y
Energía investigaron una presunta malversación de fondos del CDEIB por
parte de Ordinas, y del ex director general de Promoción Industrial del
ejecutivo de Jaume Matas, Kurt Viaene.
A Ordinas se le acusó en ese momento de no devolver los 18.000 euros
que se le reclaman por unos gastos personales no justificados.
Antonia Ordinas y el ex director general de Promoción Industrial del
ejecutivo liderado por Jaume Matas, Kurt Viaene, firmaron en su día la
conformidad de los gastos que se les imputaban y que en ambos casos
ascendían a más de 18.000 euros, según la auditoría realizada este año
en el CDEIB.
Tanto Ordinas como Viaene recibían cada principio de mes un cheque de 3.000 euros para gatos de gasolina,
desplazamientos o comida, a los que añadían otros gastos sin aportar
facturas, irregularidades que se producían desde 2004, pero que la
nueva dirección del CDEIB detectó en octubre de 2007. Viaene pagó sus
deudas hace varias semanas. (…) Lorenzo Marina – www.elmundo.es
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“La intervención de la
administración norteamericana para atajar la crisis financiera tras
labancarrota del banco de inversión Lehman Brothers ha supuesto un
alivio, al menos temporal, para los mercados financieros mundiales que
llevaban un año de históricas caídas tras el estallido, en el verano de
2007, de la crisis subprime en Estados Unidos. Antes de los
últimos cataclismos ya habíamos asistido a importantes ajustes de las
cuentas de resultados de numerosas empresas derivados de la caída en
picado de la valoración de muchos activos, buena parte de ellos
inmobiliarios.
Pero
lo realmente significativo de la crisis ha sido el colapso de los
mercados de crédito. En muy poco tiempose ha pasado de una liquidez
excesiva de los mercados, con grandes facilidades parafinanciar grandes
adquisiciones, a un absoluto secarrat que ha arrastrado a un número significativo de empresas.
Esa falta de liquidez y la posterior caída del valor de los activos
está siendo bastante diferente en las principales economías europeas,
aunque en todas ellas ha provocado una caída en picado de los ritmos de
crecimiento.
¿Y en España?
En
el caso español, la crisis financiera se ha mezclado con el ajuste del
sector inmobiliario, aunque en el sector bancario no se han producido
casos, como ha ocurrido en otros países europeos, de tener que hacer
rebajas de previsiones de beneficios o realizar provisiones
extraordinarias por ajustes de valoración de activos. Ello no significa que en los próximos meses nos encontremos con alguna situación de esta naturaleza. En
cambio, como consecuencia de la crisis de los mercados financieros sí
se están produciendo pérdidas muysignificativas en las carteras de los
clientes de entidades financieras,incluyendo dentro de ellas a gestoras
de fondos o entidades de inversión ycapital riesgo.
En
este punto, los clientes, usuarios, empleados y medios de comunicación
están reclamando una mayortransparencia de las entidades, tanto en
España como en el exterior, de cara a poder tener conciencia de la
situación real de las entidades y la tranquilidadde ahorradores,
depositantes, clientes en todo caso, y naturalmente empleados. Parece
en este momento necesario pararse a reflexionar sobre la política de
comunicar a estas audiencias la información necesaria para poder tomar
decisiones. Algunas entidades financieras españolas ya han
remitido a sus clientes, a los inversores, pequeños documentos
explicando la crisis de los mercados financieros y su efecto en este
negocio, la propia situación concreta de la entidad informante y las
perspectivas acorto y medio plazo.
Pero todavía son muchas las que no están haciendo nada. La
crisis de Lehman provocó que la propia CNMV española solicitase a las
gestoras españolas sobre su exposición a la misma. Las primeras
estimaciones apuntan, oficialmente, a más de 300 millones de euros, un
0,13 por ciento del patrimonio total gestionado por las gestoras
españolas. Pero, a pesar del escaso efecto reconocido en las entidades españolas, algunas de éstas están
viendo como en determinados foros de Internet son objeto de
comentarios, no siempre todo lo rigurosos que debieran, que ponen en
tela de juicio su situación financiera y solvencia.(…)” Juan Navarro – www.cotizalia.com
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”
Lazpiur, que ha intervenido en una jornada sobre la “Empresa y
auditoría: la transparencia económica en Euskadi”, organizada por el
Colegio Vasco de Economistas y el Registro de Economistas Auditores
(REA), ha recalcado que la confianza en el sistema financiero es una
cuestión que depende de muchos factores, “unos de carácter regulatorio,
pero también otros que entran dentro de la esfera de la ética”.
“La
existencia de una normativa que garantice la solvencia de la gestión y
de la supervisión y la vigilancia contribuye en buena medida a
recuperar la confianza, pero si alguien tiene voluntad de incumplir las
normas, si la ética individual no es la adecuada, será imposible evitar
determinadas situaciones por muy estricto que resulte el régimen
sancionador”, ha agregado.
Lazpiur ha recordado que el
“colapso financiero de Enron” supuso un “punto de inflexión en lo que
se refiere a la demanda de transparencia empresarial” y representó un
antes y un después desde el punto de vista de la exigencia de
responsabilidad y la ética, tanto en la gestión de las empresas como en
la calidad de la información económico financiera que se suministra a
terceros.
Los efectos de “este escándalo” y otros
posteriores, ha apuntado Lazpiur, fueron muy importantes para la
credibilidad de la economía de los Estados Unidos, pero también
hicieron que “la sombra de la sospecha se extendiera sobre las
compañías y directivos de todo el mundo”.
Unas dudas que
afectaron igualmente al propio sector de auditoría, “encargado -ha
recalcado- de verificar y certificar que las cuentas anuales responden
fielmente a la situación financiera y patrimonial de las compañías”.
Desde
entonces, ha señalado, se han tomado medidas en diferentes campos para
restablecer la confianza en las empresas y mercados, como los códigos
corporativos y la adopción de unas Normas Internacionales Contables,
que han facilitado la existencia de un “único lenguaje”.
Sin
embargo, Lazpiur ha insistido en que aunque la transparencia constituye
“un elemento sustancial para permitir que el inversor conozca y decida,
no es infalible”.(…)” Noticias EFE – www.finanzas.com
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“El fango de la corrupción urbanística ha acabado por salpicar a la
imagen general de España. Los numerosos escándalos derivados de la
especulación en el sector de la construcción han provocado que expertos
y analistas de todo el mundo perciban más corrupción en las
administraciones públicas españolas, según denunció ayer la ONG
Transparencia Internacional. “Hemos perdido tres puestos respecto al
año pasado”, explicó el presidente de la organización, Jesús Lizcano,
durante la presentación del informe Índice de Percepción de la
Corrupción 2008,que incluye una clasificación de los 180 países en los
que se ha realizado el estudio. La principal conclusión desde la óptica
española es que, por cuarto año consecutivo, España retrocede,
situándose en el vigésimo octavo puesto, lo que supone un descenso de
tres puestos respecto al índice del año pasado. El informe, que se
elabora anualmente desde hace catorce años, utiliza la información y la
perspectiva que tienen los expertos de 13 organismos internacionales
como el Banco Mundial o el Banco Africano de Desarrollo, y que han sido
recogidas por otras 11 instituciones independientes, como el Foro
Económico Mundial.(…)” Redacción – www.lavanguardia.es
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“‘Público’ analiza los salarios de los regidores de las 50 capitales
de provincia y de otros 17 municipios de elevada población. La ausencia
de una norma común provoca grandes desigualdades.
La propuesta defendida por PSOE y PP para que todos los alcaldes,
concejales y cargos de confianza municipales congelen sus sueldos en
2009 ha reabierto el debate sobre los salarios de los regidores
españoles. ¿Ganan mucho, poco o suficiente? Es la pregunta que subyace
en esta embarazosa controversia, alentada por la ausencia de una norma
común tanto estatal como en el seno de cada partido y por un
oscurantismo que recorre con pertinacia la espina dorsal del poder
municipal sin distinción de siglas. Para empezar, un dato: ganan más
que un ministro 18 alcaldes de los principales 67 municipios españoles
(los 50 de mayor población y las 17 capitales de provincia que no
figuran en ese ranking): es decir, más de 81.155 euros al año. Otro
dato: 29 de los 67 cobran 72.000 euros o más, lo que equivale a 6.000
euros al mes.
El que más gana es el alcalde de Barcelona, Jordi
Hereu, del PSC, con 125.194 euros, seguido de su homólogo de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón (PP), con 119.985 euros; y del regidor de
Zaragoza, Juan Alberto Belloch (PSOE), cuyo salario bruto se cuantifica
en 108.012 euros. En la cola de la tabla aparece el alcalde de
Palencia, Heliodoro Gallego (PSOE), que cobra 34.500 euros y no percibe
dietas por asistencia a consejos, según la información facilitada por
su portavoz. (…)” A.G./I.A./C.V. – Publico.es
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“El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón
ha exigido al equipo de gobierno y al alcalde del PP, Gastón Gómez
Ruiz, una gestión transparente, libre de errores e irregularidades como
las que se han cometido desde el comienzo de la legislatura. Los ediles
socialistas consideraron, además, que ya ha finalizado el margen de
confianza que su grupo otorgó al equipo de gobierno tras las elecciones
de mayo de 2007.
Según explicaron los socialistas de Santa María de Cayón, «son
muchas las anomalías y los errores cometidos en la gestión municipal
por parte del alcalde y de sus concejales». Por este motivo, explican,
«hemos decidido exigir a Gómez Ruiz que, como alcalde del municipio,
corrija la actual situación y ponga los medios necesarios para llevar a
cabo una correcta gestión, sin errores, que vaya en beneficio directo
del bienestar de nuestros vecinos». Al tiempo, consideran que la
gobernabilidad del municipio requiere, por parte del alcalde, «un mayor
esfuerzo, dedicación y seriedad» para evitar situaciones como las que
vive actualmente el consistorio de Santa María de Cayón.(…)” www.eldiariomontanes.es
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“El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan
Ignacio Zoido, anunció ayer que su grupo acudirá a los tribunales de
justicia para denunciar «la corrupción y el enchufismo» en el
Ayuntamiento de Sevilla, aunque insistió en exigir al alcalde, Alfredo
Sánchez Monteseirín, «responsabilidades políticas» tras la sucesión de
casos de beneficio a familiares de miembros del Gobierno municipal. A
preguntas de los periodistas, Zoido indicó que el Grupo Popular está
actualmente «recabando datos» al respecto, a pesar de «la cantidad de
obstáculos y trabas que el equipo de gobierno está poniendo en el
acceso a los expedientes».
responsabilidades jurídicas que le vamos a exigir, queremos que haya
responsabilidades políticas». «No hay ningún ayuntamiento en España
donde no se hubiera cesado ya a un concejal como el responsable de
Juventud y Deportes, Francisco Manuel Silva», aseveró el dirigente
popular, quien opinó que Sánchez Monteseirín «no puede cesar a Silva ya
que tiene enchufados al primo, al cuñado y a la mujer del cuñado, por
lo que le gana tres a dos al delegado de Juventud».
colocaciones» en el Consistorio hispalense y opinó que, «como el
alcalde no le ponga fin, tendría que intervenir el presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves». Además, dejó caer que «por las
noticias» que afirma tener, «hay más familiares en el Ayuntamiento».(…)” www.abcdesevilla.es
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Archivado en: Acceso a la Información, Comunidades Autónomas, Medioambiente
cuando se fija un precio por acceder a la información? La comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo se encontró con una pregunta nada
fácil sobre la mesa. Ecologistas en Acción pidió a los eurodiputados
que se investigaran las tasas del Gobierno de La Rioja por acceder a la
información medioambiental, que tachan de «abusivas, inaceptablemente
elevadas» y de obstáculo «para del ejercicio del derecho de información
de los ciudadanos».
opinión de la Comisión Europea sobre el caso, los diputados han dado la
razón al Ejecutivo de Pedro Sanz y decidieron esta semana cerrar la
petición de investigación.
esta decisión. David Hammerstein, del grupo de los verdes de la cámara,
opina que «el hecho de que un grupo ambientalista se preocupe por el
entorno de todos sólo debe tener alicientes y facilidades, nunca
gravámenes».
comunitario, «sí contradicen el sentido común de favorecer la
participación a favor del medio ambiente y la salud». Por ello, el
diputado español pide «a las autoridades riojanas que no entorpezcan el
acceso a la información ambiental».
Concepción Hernani, el Gobierno de La Rioja ha impuesto desde el 1 de
enero de 2006 una tasa para acceder a la información «excesiva, abusiva
y desproporcionada» cuya única finalidad es impedir el acceso del
público a dicha información.
quedaba recogida la cuestionada tasa 07/13 «por servicios en materia de
información medioambiental», y que le hizo pagar 90,34 euros por el
acceso a esta información, viola la ley española de julio de 2006 por
la que se incorporaba al Derecho nacional la Directiva europea de 2003,
relativa al acceso del público a la información medioambiental y a la
participación del público en la toma de decisiones en esta materia. Por
esta razón, Ecologistas en Acción, decidió acudir a la comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo, en la que los diputados analizan y
discuten cientos de quejas de los ciudadanos de todo tipo de materias. (…)” Jorge Valero – www.larioja.com
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“
El Copac considera que Fomento debería ordenar una investigación interna de lo ocurrido
MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) –
El Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial (Copac) ha
presentado hoy una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Madrid
para que se investigue la actuación del Ministerio de Fomento y a los
siete miembros de la comisión de investigación por la filtración del
contenido del borrador del informe preliminar del accidente de Spanair
del pasado 20 de agosto.
El representante legal de Copac, Francisco Maroto, solicitó abrir
una investigación judicial para “averiguar los autores materiales de la
filtración del borrador a los medios de comunicación y depurar las
responsabilidades oportunas”.
Maroto explicó que han pedido al juez que llame a declarar a los
responsables de Fomento y a todos los miembros de la Comisión de
Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), ya
que “son las personas que han estado al pie de la investigación y han
tenido acceso a la información”.(…)
La denuncia se basa en tres pilares que son el Convenio de Chicago
sobre aviación civil internacional, la Directiva Europea sobre
Investigación de Accidentes y el artículo 16 de la Ley 21/2003 de
Seguridad Aérea, que obliga a los miembros de la investigación a
preservar la difusión de los datos ante terceros y recoge las dos
normativas internacionales anteriores.(…)” Europa Press.es
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“El diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, quiere saber las
medidas que adoptará el Gobierno para hacer cumplir la ley que obliga a
los representantes locales a hacer públicas sus declaraciones de bienes
con el objetivo de combatir la corrupción en los municipios.
Con este objetivo, Herrera ha dirigido una pregunta escrita al
Ejecutivo, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que denuncia el
“incumplimiento” del apartado de la ley del suelo que establece medidas
sobre los ediles para combatir la corrupción en las administraciones
locales.
Una disposición adicional de la ley del suelo, aprobada el pasado
año, establece que los representantes locales deben formular una
declaración sobre causas de posible incompatibilidad con su cargo y
sobre cualquier actividad que les proporcione ingresos económicos.
Además, deben realizar una declaración sobre sus bienes patrimoniales y
de la participación en sociedades de todo tipo.
Todas estas declaraciones deben realizarse en la toma de
posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando
se produzca cualquier modificación, y serán publicadas anualmente y en
el momento de finalización del mandato.
Sin embargo, ICV asegura que los municipios no han cumplido con
esta obligación de hacer públicas las declaraciones de bienes de los
ediles y pregunta al Gobierno por las medidas que ha adoptado para
hacerla cumplir. Además, cuestiona al Ejecutivo sobre sus planes en los
próximos meses para conseguir que los entes locales ejecuten esta
obligación que tiene el objetivo de combatir la corrupción.(…)” Europa Press.es
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