” El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón
denunciará los “vetos” del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a
debatir el denominado ‘caso Fabra’ en el pleno municipal ante la
Federación Española de Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges y
la ONG Transparencia Internacional.
Según recordó en un comunicado, Fabra inadmitió una moción de
reprobación a la conducta política del concejal Carlos Fabra por la
vulneración del Código del Buen Gobierno y prohibió al portavoz adjunto
socialista, Mario Edo, que planteara preguntas sobre esta causa.(…)”Europa Press – www.europapress.es
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”
VALENCIA.- El
delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta,
destacó este jueves el compromiso del Gobierno central por trabajar
contra la delincuencia y contra la corrupción “sin distinguir colores
políticos y calidades de personas”.
Peralta se pronunció en estos términos al ser preguntado por las detenciones de los alcaldes de Zarra (Valencia), Juan José Rubio, Bigastro (Alicante), José Joaquín Moya, y San Fulgencio (Alicante), la socialista Trinidad Martínez.
Al respecto, el delegado afirmó que los detenidos pasarán este
jueves a disposición de la autoridad judicial que será la que, a la
vista de las pruebas aportadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y las denuncias presentadas, adopte las “medidas
oportunas”, dijo.
En este contexto, quiso subrayar que desde la Administración central hay una política “firme” de luchar contra la delincuencia y contra la corrupción,
y afirmó que seguirá trabajando en esa dirección “sin distinguir
colores políticos y calidades de personas”. Por ello, pidió que “se
tome nota” de esta política “firme”.(…) Europa Press – www.elmundo.es
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“La alcaldesa de San Fulgencio ha sido detenida hoy; y ayer lo fueron los alcaldes de Zarra y Bigastro. La brigada de delitos económicos de la Policía Nacional de Alicante ha
detenido esta mañana a la alcaldesa socialista de la localidad de San
Fulgencio, Trinidad Martínez, además de cuatro concejales y un abogado,
presuntamente relacionados en un delito de corrupción urbanística. La
detención de esta alcaldesa se produce un día después de que la Guardia
Civil pusiera a disposición de la justicia al alcalde socialista de
Bigastro, José Joaquín Moya, y al primer edil de Zarra, el
independiente Juan José Rubio; también por ser sospechosos de haber
cometido supuestos delitos urbanísticos.(…)” Salvador Enguix – www.lavanguardia.es
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Los
casos en los que algún cargo político español
está acusado de maniobras poco limpias están colapsando
los tribunales españoles. En lo que llevamos de año
2008, 206 causas están en trámite o han tenido ya
respuesta de manera favorable o desfavorable para el acusado.
Las noticias en las que la palabra
corrupción viene acompañada a la de un cargo público
no cesan de aparecer y su nexo siempre es el mismo: el sector
urbanístico. Cargos de todos los partidos han sufrido en
sus carnes este año las acusaciones de corrupción.
Hasta el día de hoy, 206 causas han tenido como protagonista
a un representante político.
El último en engrosar esta
lista ha sido el alcalde de la localidad valenciana de Zarra,
el independiente y ex socialista Juan José Rubio, detenido
esta mañana por su relación con la corrupción,
aunque la Guardia Civil no ha precisado más detalles.
Con la detención de un independiente
se demuestra que la corrupción no conoce de partidos, aunque
las filas populares han concentrado las citas con el juez. Y es
que el PP ha colmado la mayoría de los casos de corrupción
y sus altos cargos han tenido un papel principal. Un buen ejemplo
es la ‘número dos’ de Castilla y León,
María José Ruiz, y las acusaciones de prevaricación
que recaen sobre ella por la construcción de un campo de
golf en un área protegida.
En la mayoría de estos casos
y hasta que la Justicia anuncia una decisión firme sobre
las investigaciones, los imputados cuentan con el beneplácito
de sus jefes de filas. Un buen ejemplo se encuentra en el PP donde
viejos presuntos culpables como el líder del PP de Castellón,
Carlos Fabra, no son expedientados e, incluso, su labor es homenajeada
en público por el presidente del partido, Mariano Rajoy.
A continuación se adjunta un ránking con el número
de casos de corrupción por comunidades autónomas
españolas:
- Andalucía: 97*
– Canarias: 31
– Murcia: 15
– Castilla y León: 13
– Comun. Valenciana: 12
– Madrid: 12
– Galicia: 11
– Baleares: 10
– Castilla-La Mancha: 2
– La Rioja: 1
– Navarra: 1
– Cantabria: 1
www.americaeconomica.com
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“Dos senadoras del PP, Elvira Velasco y Dolores Pan, querían conocer
cuánto cuesta al erario público los altos cargos del Gobierno. Querían
la información por ministerios y por años, desde 2004, dividida entre
asesores y altos cargos. Presentaron el pasado junio 17 preguntas
escritas al Gobierno redactadas con mucha precisión. La respuesta
ocupaba cuatro líneas: “La información interesada se encuentra a su
disposición en la documentación que acompaña a los Presupuestos de cada
año, que se remite a las Cámaras”.
Tras conocer la respuesta, Elvira Velasco se declaraba asombrada por
lo que consideraba una falta de respeto a ella y a la Cámara. Como
ella, son pocos los diputados y senadores que, a lo largo de una
legislatura, tienen la oportunidad de hacer preguntas orales a los
ministros, cara a cara, y salir en las noticias. Pero a todos (350
diputados y 264 senadores) les asiste el derecho de controlar al
Gobierno mediante preguntas escritas. Pueden preguntar lo que quieran,
siempre que sea competencia gubernamental, y el Ejecutivo tiene la
obligación de contestar antes de 20 días.
La pasada legislatura,
el número de preguntas se disparó a niveles desconocidos. A finales de
2007, se superaron las 200.000 contestaciones, casi tanto como en todas
las legislaturas anteriores juntas. Algunos ministerios tenían
funcionarios dedicados exclusivamente a la tarea. Y sigue: el número de
preguntas esta legislatura ya es el doble que en el mismo periodo de la
anterior.
“Hemos tomado una decisión: no facilitamos información
que ya esté en las Cortes”, confirma una fuente de La Moncloa, donde se
centralizan las preguntas. “Les decimos dónde pueden encontrar la
información, pero no se la buscamos nosotros”. En el caso de la
información que requerían Pan y Velasco, lo que les han contestado es
que son las Cortes las que aprueban el Presupuesto. Por tanto,
preguntaban algo que, en teoría, el Senado conoce mejor que el
Gobierno, porque es quien ha aprobado ese gasto.
“La legislatura
pasada nos lo trabajábamos todo lo que podíamos”, explican en el
Gobierno. “En un caso como este, les habríamos buscado la
documentación. A veces, les hacíamos una fotocopia de la publicación en
la que estaban los datos. Pero es que ya no damos abasto”.(…)” Pablo X. de Sandoval – www.elpais.com
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“La conexión entre el principio de independencia y el de responsabilidad
de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional ha
sido una de las premisas en las que ha descansado la constitución del
Estado de derecho. Nuestros constituyentes de 1812 la expresaron con la
elocuencia con que suele hacerse en los momentos fundacionales. “Como
la integridad de los jueces es el requisito más esencial para el buen
desempeño de su cargo, es preciso asegurar en ellos esta virtud por
cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar a cubierto de las
impresiones que pueda producir hasta el remoto recelo de una separación
violenta. Y ni el desagrado del Monarca ni el resentimiento de un
ministro han de poder alterar en lo más mínimo la inexorable rectitud
del juez o magistrado. Para ello nada es más a propósito que el que la duración de su cargo dependa absolutamente de su conducta,
calificada en su caso por la publicidad de un juicio”. Ahora bien, “la
misma seguridad que adquieren los jueces en la nueva Constitución exige que su responsabilidad sea efectiva en todos los casos en que abusen de la tremenda autoridad que la ley les confía”. (…)
Un poder sin responsabilidad es un poder que tiende inevitablemente
a la corrupción. No me refiero a la corrupción en el sentido de
aprovechamiento económico personal por parte de jueces o magistrados
del ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino a la corrupción en el
sentido en que se utilizaba el término a finales del siglo XVIII y
comienzo del XIX, a la corrupción institucional, a la subversión del
lugar que ocupa o, mejor dicho, que debe ocupar el poder judicial en el
Estado.
Ejemplos notorios de esta corrupción institucional los
hemos tenido esta misma semana. La reacción de los jueces de toda
España, protagonizando una huelga encubierta, que es algo que tienen
constitucionalmente prohibido de manera expresa, para intentar impedir
que se exija la responsabilidad que corresponde a uno de sus compañeros
por la dejación acreditada e indiscutida del ejercicio de la función
jurisdiccional durante más de dos años, no puede dejar de ser
calificada de escandalosa, como hizo el editorial de este mismo diario.
De la misma manera que tampoco puede dejar de ser calificado de
escandaloso el escrito suscrito mayoritariamente por magistrados del
Tribunal Supremo, en el que advertían al Consejo General del Poder
Judicial de cómo debían actuar en la resolución del expediente
sancionador al juez cuya conducta está en el origen de la huelga
encubierta a la que acabo de hacer referencia. Aunque los magistrados
de la Sala de lo Contencioso Administrativo no firmaron el escrito, a
fin de no contaminarse ante la posible interposición de un recurso por
el juez frente a la posible decisión sancionadora del CGPJ, el dato de
que era una mayoría abrumadora de los demás magistrados del Tribunal
Supremo la que firmaba el escrito, enviaba el mensaje al Consejo
General del Poder Judicial de que, en caso de que su aviso no fuera
atendido, su decisión acabaría siendo anulada en la sentencia que
resolviera el recurso contra la misma. (…)” Javier Pérez Royo – www.elpais.com
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EL FONDO DE COMPRA DE ACTIVOS REQUIERE TRANSPARENCIA
El
Gobierno está ultimando el reglamento para regular la compra de activos
financieros de los bancos con fondos del Tesoro. Según han confirmado
fuentes del Ministerio de Hacienda, el procedimiento de compra de esos
activos de las entidades financieras se va a realizar mediante un mecanismo que no será público para no alarmar a los ciudadanos sobre la situación real de cada una de ellas.
Ello
equivale en la práctica a conceder un cheque en blanco al Gobierno para
administrar una cantidad que podría llegar hasta los 50.000 millones de
euros, una cifra superior al presupuesto anual en Educación o Sanidad. Según
el decreto ley aprobado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero, el órgano administrativo que va a supervisar esas
compraventas tendrá que informar periódicamente al Parlamento, que en la práctica no va a tener capacidad de fiscalizar de forma efectiva esas operaciones. El
procedimiento que ha ideado el Gobierno nos parece no ya sólo
absolutamente falto de transparencia, sino además contradictorio con la
necesaria publicidad que exige el gasto de dinero público, que, según
establece la Constitución española, debe ser aprobado por el
Parlamento. El secreto con el que se quiere realizar la compra de activos choca contra los principios más elementales de una democracia parlamentaria, que se basa siempre en el control de la acción del Gobierno. Rodríguez Zapatero empezó diciendo que se trataba de crear un fondo para fomentar el crédito a las empresas y a las familias y ahora
nos encontramos con que estamos ante el empleo de dinero público para
sanear a la banca privada con el criterio que más le plazca al Gobierno
y sin posibilidades de fiscalización parlamentaria.(…)” fdsas – Blog “Ecos” – Del periódico “El Mundo” 25/10/08
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“(…) Elena Salgado también recalcó la necesidad de incrementar la
participación de los ciudadanos en la Administración y el acceso a la
información, en aras de la democracia y la transparencia. En ese
sentido, afirmó que “la lucha contra la corrupción ha de seguir siendo
una constante de la actuación política” y subrayó que el Gobierno “no
va a tolerar ningún comportamiento delictivo, como ya se dio muestra en
Marbella”.
Además, Salgado trasladó esa exigencia también al cumplimiento
del pacto anti-transfuguismo, que debe ser “cumplido en sus justos
términos y hasta el final”. Así, abogó porque sea el propio PSOE el que
denuncie los casos de transfuguismo, aunque “en teoría” puedan servir a
sus intereses.
REGULACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES
La ministra de Administraciones Públicas hizo también referencia
a la ley, que se llevará a las cortes en esta legislatura, para regular
el gobierno local, y que profundizará en la mejora del acceso a la
información por parte de los ciudadanos, y en “reforzar los
instrumentos de control democrático” con especial énfasis en que los
grupos con representación minoritaria en los ayuntamientos tengan esos
instrumentos de control de los gobiernos.
Según Salgado, para llevar a cabo esas mejorar “hay que ganar la
batalla de la imagen y de la eficiencia”, sobre todo en una “situación
económica complicada”, para lo que el ministerio llevará a cabo un
proceso de modernización en varios niveles.
Así, se refirió a la necesidad de reducir las cargas y trámites
administrativos, ya que, de hecho, es una exigencia de la UE eliminar
en cuatro años el 30 por ciento de esas cargas y en dos, suprimir los
trámites y procesos innecesarios, una medida esencialmente dirigida al
sector servicios. A este respecto, manifestó su apuesta por la creación
de ventanillas únicas en las entidades locales, en las que se puedan
hacer los trámites de todas las Administraciones.
También se refirió a la implementación de los procesos
electrónicos y reconoció que, a pesar de los avances, “aún falta un
empujón” para que los ciudadanos identifiquen el 060 con la misma
inmediatez que el número de emergencias, 112.(…)” www.europapress.es/galicia
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“Valencia.- El president del Consell, Francisco Camps, ha defendido hoy
el valor de las sociedades y organismos públicos de la Generalitat por
“ensanchar” la calidad de vida de los valencianos y por regirse con
“transparencia”, frente a la opacidad, a su juicio, en la gestión
pública de los gobiernos socialistas.
Camps ha contestado así, en la sesión de control de Les Corts, a la
pregunta que le ha formulado el portavoz del grupo socialista, Ángel
Luna, sobre si la Generalitat tiene previsto introducir algún cambio en
la gestión de las sociedades y organismos públicos dependientes de la
Administración autonómica para reducir su deuda.
Según Luna, el sector público valenciano ha resultado ser “ineficaz”
en los últimos años y las “pérdidas crecientes” de organismos como
Radiotelevisión Valenciana, CACSA o la Sociedad de Proyectos Temáticos
están “hipotecando el futuro” de la Comunitat.
Para el jefe del Consell, la crítica socialista ataca directamente a
la construcción de colegios, de redes de metro y tranvía, de
depuradoras o de viviendas de Promoción Pública (VPP).
Según Camps, el 85% del gasto de las inversiones de las entidades
públicas de la Generalitat se destina a políticas sociales y el 15%
restante va directamente a proyectos culturales y al sector turístico,
“fundamental” para la riqueza y el empleo de la Comunitat.(…)” EFE- www.soitu.es
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“El tripartito catalán de izquierdas ha aprobado la ley de la Oficina
Antifraude de Cataluña. Este organismo se ha creado para “luchar contra
la corrupción” tal y cómo ha señalado el parlamentario de ERC, Xavier
Vendrell, padrino de la ley. Dicho ente es un organismo pionero entre
las comunidades autónomas y se encargará de prevenir e investigar
posibles casos de corrupción de la Administración.
No sólo examinará los organismos dependientes de la Generalitat si
no también a ayuntamientos e universidades. Del mismo modo podrá actuar
sobre empresas que tengan relación con la Generalitat. La gran novedad
es que la Oficina Antifraude de Cataluña podrá llevar los expedientes
que crea convenientes ante Fiscalía.
La ley ha salido adelante
gracias a los votos del tripartito (PSC, ERC e ICV) y de Ciutadans y
con la oposición de CiU y PP que han considerado que la ley no tenía
suficientes competencias para actuar y que chocaría con otros
organismos fiscalizadores como la Sindicatura de Cuentas catalana. Es
un organismo “independiente” y adscrito al Parlamento catalán, no al
Gobierno. Además el puesto de director tendrá un mandato de nueve años. (…) J.Foguet – www.elpais.com
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