Transparencia y acceso a la información

Municipio más bien pequeño que va a tener un desarrollo
urbanístico muy importante y, por tanto, va a a aumentar su suelo
construido de forma exponencial hasta quintuplicar su población en
muchos casos. Ese es el caldo de cultivo en España para que surja una
corruptela vinculada a las recalificaciones y al ladrillo en la que los
protagonistas son, de un lado, miembros del equipo de gobierno del
ayuntamiento o la comunidad y, de otro, empresarios que aspiran a
repartirse el pastel, con técnicos o abogados asesorando a unos y otros
y sacando tajada.

Si a esos elementos les sumamos zonas concretas como la
costa mediterránea de norte a sur, ciertas áreas de Galicia y Asturias,
y en general toda la costa, el trinomio está servido, según fuentes del
Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Con estos mimbres,
no es extraña la afirmación de los investigadores: «El urbanismo da ya
más dinero que la droga y las penas son menores. Un terreno se
revaloriza de forma exponencial».

Sólo con la intención de recalificar un terreno rústico
en urbano comienza a moverse mucho dinero. De ahí, que los
investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) estén ojo avizor:
en este momento mantienen abiertas seis operaciones que de aquí a unos
meses darán resultados, similares a los que se han producido en
Librilla y Totana (Murcia). Otra media docena de asuntos se están
siguiendo con detenimiento, pero aún se encuentran en fase preliminar.

Investigaciones vivas

Una de las peculiaridades de este tipo de operaciones es
que las detenciones de imputados y los registros son sólo una fase más;
son investigaciones «vivas» en las que los documentos intervenidos
pueden dar más fruto que todo lo que se haya trabajado hasta ese
momento. Hasta ahora los ayuntamientos en los que la Guardia Civil ha
detectado corrupción pertenecen al PP -la Policía ha llevado a cabo
golpes en consistorios también del PSOE y de otros partidos-, pero los
agentes están convencidos de que el color político de los consistorios
«no es ni mucho menos determinante y el paso del tiempo equiparará a
los distintos partidos».

La razón tiene que ver con la consideración social: «Si
no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas
asumibles por la sociedad», resumen fuentes del Grupo de Delitos
Urbamísticos. «Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor
que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan, se supone) a
que se beneficien los contrarios o que te sueltan que lo han hecho
todos los que han pasado por ahí antes». Por el momento no se ha
encontrado que esa corrupción esté ligada a la financiación de los
partidos políticos, «pero eso no quiere decir que no suceda».” Cruz Morcillo, Pablo Muñoz – www.abc.es

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