“La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.
Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: “Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]” a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.
Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.(…)” El País – Francisco Mercado
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“El candidato a lehendakari por EB, Javier Madrazo, propuso ayer aprobar una ley de Transparencia de las Administraciones Públicas y el Derecho Ciudadano al Acceso a la Información que permitirá, a su juicio, “recuperar la confianza de la ciudadanía en la política”. Madrazo presentó ayer tarde en San Sebastián un manifiesto que sostiene que “la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública son dos exigencias democráticas ineludibles que deben guiar todas las actuaciones de las administraciones”, informa Efe.
El consejero de Vivienda insistió en que “es preciso que la sociedad pueda conocer, con carácter inmediato y actualizado, toda la actividad de las administraciones en relación con la contratación de servicios, adquisición de bienes, proveedores, ofertas y presupuestos”.
El coordinador de EB defendió además la creación de una Oficina Ética en Euskadi con un triple objetivo: reforzar las buenas prácticas de las administraciones; prevenir e investigar posibles casos de corrupción o uso fraudulento de fondos públicos, y fomentar la participación social en el diseño, la ejecución y la evolución de todas las actuaciones institucionales. Tal Oficina estaría vinculada al Parlamento vasco, mientras que su director deberá ser una “persona de reconocido prestigio profesional, sin adscripción ideológica”.(…) El País.
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