”
La Fiscalía de Alicante solicita penas que suman ocho años de
prisión para el alcalde de La Vall de Laguar, Juan José Puchol Riera
(PSPV-PSOE), por haber falseado un documento público para modificar parcialmente el trazado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su beneficio.
Según la calificación del fiscal, el 5 de octubre de 1995, el
regidor, en nombre de la corporación municipal, remitió a la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio unos documentos con los que reclamaba determinados cambios en el PGOU que no habían sido aprobados en pleno.
La modificación solicitada por Puchol consistía en eliminar “un vial
que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde” en la
partida Peña Lisa, y crear “un vial por encima de la vivienda, el
garaje y unas naves comerciales propiedad de Juan Lorenzo Puchol Oliver, con quien tenía una enemistad manifiesta“, destaca el ministerio público.
El fiscal añade que, en julio de 1998, el regidor “autorizó diversas licencias de obra
a sabiendas que no se ajustaban a la normativa vigente”, una de ellas
en la zona de La Casota, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, durante este tiempo, “impidió de manera sistemática el acceso a la información urbanística” a los concejales del PP, “vulnerando sus derechos a participar en los asuntos públicos”.
Por estos hechos, el fiscal pide para el alcalde penas que suman
ocho años cárcel, por dos delitos de falsesdad documental. Además, la
Fiscalía reclama otros 12 años de inahabilitación, por un delito
continuado contra la ordenación urbana, así como una multa de 19.440
euros y su inhabilitación especial para empleo o cargo público.(…)” www.elmundo.es
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” La Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) exigió hoy que se publique un listado oficial que contemple las deudas que mantiene cada administración con las empresas a fin de buscar la transparencia.
Esta petición se incluye en una declaración institucional aprobada por la Junta Directiva de CEIM en su última reunión y con la que también se exige que se arbitren los mecanismos necesarios para que se cumpla estrictamente la legislación vigente y las empresas cobren en 60 días, a través del ICO o de cualquier otro instrumento.
Además propone una reforma global del sector público, para aportar soluciones a la crisis en lugar de agravarla. En este sentido, el presidente de CEIM, Arturo Fernández, afirmó que la patronal “no va a permitir” que las empresas sigan financiando a las administraciones.(…) www.europapress.es
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“El primer teniente de alcalde de Sevilla la Nueva (7.800 habitantes), Juan Antonio Teresa (PP), coaccionó y vulneró los derechos individuales de una concejal socialista, a la que retuvo durante horas en el Ayuntamiento por fotocopiar un informe urbanístico.
Ocurrió cuando era alcalde, en 2002, y por ello la Audiencia Provincial le ha condenado a seis meses de prisión y a tres años de inhabilitación para cualquier cargo electivo. Además, deberá indemnizar a la víctima con 9.000 euros. El condenado aseguró ayer que recurrirá al Tribunal Supremo.
La sentencia considera probado que el 10 de septiembre de 2002 la entonces concejal socialista Concepción Rojas acudió al Ayuntamiento -entonces gobernado por el PP y un grupo independiente- para recabar la documentación que necesitaba para un pleno. Una vez allí, encontró varios informes relativos al Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Se trataba de una documentación a la que la oposición no había tenido acceso por orden expresa del alcalde de la localidad, que la había calificado como “secreta” pese a estar en fase de exposición pública, según la sentencia.
La edil socialista comenzó a fotocopiar la documentación. Una trabajadora municipal la descubrió y alertó al alcalde, Juan Antonio Teresa. Éste ordenó primero al secretario del Ayuntamiento y después al jefe de la Policía Local que recuperasen los documentos fotocopiados. Pero la concejal socialista se negó a entregarlos. El regidor, continúa la sentencia, decidió entonces retener a la edil en el edificio municipal, donde permaneció durante casi tres horas.(…)” J. S. DEL MORAL – www.elpais.com
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“El equipo de gobierno del PP ocultó durante la sesión plenaria, los datos solicitados por los socialistas, que preguntaron sobre el coste de la campaña recaudatoria del IBI puesta en marcha por el Partido Popular. Ante las preguntas formuladas por la edil socialista Yolanda Besteiro, el concejal Gonzalo Garrido no facilitó dato ni información alguna.
Tras la sesión plenaria, el portavoz municipal de los socialistas, Javier Rodríguez, denunció “la estrategia de Bartolomé González y su equipo de gobierno de negar sistemáticamente el acceso a la información económica de este Ayuntamiento”. Rodríguez afirmó que la actitud mantenida hoy por el equipo de gobierno, negando la información solicitada en el Pleno y ocultando el coste de su campaña recaudatoria “supone un engaño y una falta de respeto a todos los vecinos, que tienen derecho a saber en qué se gasta el equipo de gobierno su dinero. Desde el Grupo Socialista –añadió- vamos a seguir exigiendo tener acceso a esta información y seguiremos solicitando a Bartolomé González que aclare en qué gasta miles y miles de euros que no son suyos, sino de todos los alcalaínos”.(…)”www.portal-local.com
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“El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, intenta dar carpetazo a la polémica de los informes externos de dudosa utilidad encargados por su Gobierno en 2007. El método que ha escogido es negarle a la oposición copia de los estudios encargados por el Departamento de la Presidencia tal como le había solicitado Convergència i Unió en el Parlamento catalán. Con este gesto Montilla se enfrenta también al presidente de la Cámara, el republicano Ernest Benach, quien, reglamento en mano, recuerda que los diputados deben tener copia de cualquier documento solicitado siempre que éste no sea secreto.
Benach, atendiendo la demanda de amparo del diputado de CiU Jordi Turull, dictaminó hace dos semanas que Montilla debía entregar copia de 12 informes solicitados por el primer grupo de la oposición. Así se lo hizo saber a Montilla. El presidente de la Generalitat respondió ayer, también por carta con una negativa tajante.
Montilla se justifica recordando que el diputado ya ha podido ver los informes sospechosos, aunque no haya podido fotocopiarlos como era su intención. Según la carta de Montilla, el Gobierno no ha negado información a CiU porque entiende que el reglamento del Parlamento le permite no dar copias de los informes “teniendo en cuenta la índole de la información” solicitada. En la misiva, el presidente se atribuye la potestad para determinar si un documento debe o no ser entregado. “De aquí que no se pueda concluir a priori y de forma generalizada cuál es la fórmula para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información de los diputados”. (…)
El Gobierno catalán acusa a CiU de actuar con doble rasero. Y es que los nacionalistas no sólo negaron sistemáticamente copia de los mismos a la oposición cuando gobernaba, sino que ni siquiera publicitaba los encargos que hacía. Ni las tarifas que pagaba. Cuando el tripartito llegó a la Generalitat en 2003 encontró decenas de informes en un almacén que analizaban desde las perspectivas electorales de Convergència i Unió hasta la tendencia política de algunos periodistas. Todo pagado con dinero público.” www.elpais.com
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“El candidato a lehendakari por EB, Javier Madrazo, propuso ayer aprobar una ley de Transparencia de las Administraciones Públicas y el Derecho Ciudadano al Acceso a la Información que permitirá, a su juicio, “recuperar la confianza de la ciudadanía en la política”. Madrazo presentó ayer tarde en San Sebastián un manifiesto que sostiene que “la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública son dos exigencias democráticas ineludibles que deben guiar todas las actuaciones de las administraciones”, informa Efe.
El consejero de Vivienda insistió en que “es preciso que la sociedad pueda conocer, con carácter inmediato y actualizado, toda la actividad de las administraciones en relación con la contratación de servicios, adquisición de bienes, proveedores, ofertas y presupuestos”.
El coordinador de EB defendió además la creación de una Oficina Ética en Euskadi con un triple objetivo: reforzar las buenas prácticas de las administraciones; prevenir e investigar posibles casos de corrupción o uso fraudulento de fondos públicos, y fomentar la participación social en el diseño, la ejecución y la evolución de todas las actuaciones institucionales. Tal Oficina estaría vinculada al Parlamento vasco, mientras que su director deberá ser una “persona de reconocido prestigio profesional, sin adscripción ideológica”.(…) El País.
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Archivado en: Acceso a la Información, Declaración patrimonial, Transparencia
“Los ciudadanos no pueden acceder a los patrimonios declarados de los parlamentarios, ni de los altos cargos, ni de los alcaldes. En el primer caso, la ley no permite conocer los datos y en los otros dos no es posible tener acceso porque no se han desarrollado las leyes que pretendían dotar de transparencia a las declaraciones de patrimonio de altos cargos de la Administración central y de los regidores.
El caso más llamativo es el de los miembros del Gobierno, es decir, ministros y secretarios de Estado, sobre los que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero incumple desde hace ya dos años la Ley de Incompatibilidades que aprobó a bombo y platillo en abril de 2006. Esa norma, consecuencia de una promesa electoral formulada por el propio presidente del Gobierno en marzo de 2004, prevé en su artículo 14 que la relación de bienes de los ministros y secretarios de Estado sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. El problema es que ese precepto se remite a un futuro reglamento, para cuya aprobación establece un plazo de cuatro meses, a contar desde abril de 2006. Como dos años después el reglamento no se ha aprobado, la Ley de Incompatibilidades de la anterior legislatura ha quedado en papel mojado.
En diciembre de 2006, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, elaboró un reglamento que fue sometido a consultas en el Consejo de Estado. El informe fue favorable, pero el texto quedó definitivamente bloqueado en La Moncloa.
Fuentes del Gobierno aseguran que no hay ninguna previsión a corto plazo para aprobar ese reglamento que obligaría a publicar en el BOE la declaración de bienes de ministros y secretarios de Estado, con la única limitación de preservar la seguridad. En este momento todos los altos cargos están obligados a hacer esa declaración de patrimonio, pero los datos se depositan en el Ministerio de Administraciones Públicas, no pueden ser consultados y ni siquiera es posible comprobar su veracidad.
El apartado del proyecto de Ley de Incompatibilidades que preveía la publicación en el BOE de esos patrimonios ya se encontró con serias resistencias cuando se discutió en el Consejo de Ministros a finales de 2005, a pesar de que fue una promesa incluida en el programa que elaboró Jesús Caldera en 2004. Según un miembro del Gobierno, en aquel debate del Gabinete hubo reticencias del presidente, de los dos vicepresidentes y de destacados ministros como el entonces titular de Trabajo, Jesús Caldera. Pese a todo se incluyó en el proyecto y resistió la tramitación parlamentaria, pero no el desarrollo en el reglamento, a pesar de que se estableció que sólo se hiciera público la cifra global de los patrimonios, sin detallar los bienes.
Hay alguna comunidad como Castilla-La Mancha donde ya se hacen públicos los patrimonios de los consejeros. La iniciativa en ese caso fue del entonces presidente autonómico José Bono.
Ese reglamento bloqueado establecía también el funcionamiento de una nueva Oficina de Conflicto de Intereses y un control parlamentario de su actuación.(…)” El País – Fernando Garea.
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‘Derecho a vivir’ denuncia el ‘apagón informativo’ en la subcomisión
parlamentaria si las reuniones se celebran a puerta cerrada. Mientras,
Aído, no comparte “que se realicen espectáculos”.La plataforma Derecho a Vivir37 denuncia que los trabajos de la subcomisión parlamentaria sobre el aborto, que se iniciarán este 30 de octubre, se desarrollarán en condiciones de opacidad.
La presidenta de este grupo de trabajo, Carmen Calvo (PSOE), ha impuesto que las reuniones sean a puerta cerrada, que se prohíba la entrada a periodistas,
que no se transmitan por el Canal Parlamentario y que las opiniones de
los expertos no se transcriban al Diario de Sesiones, según ha podido
saber este martes la iniciativa Derecho a Vivir (DAV) de fuentes
conocedoras de la condiciones de funcionamiento de la Subcomisión.
La portavoz DAV y responsable del gabinete jurídico de HazteOir.org38, Blanca Escobar, ha pedido al PSOE que “reconsidere estas medidas que no tienen ninguna justificación razonable y practique la transparencia que predica“.
El sesgado Comité de ‘expertos’ de Aído
La
diputada que preside este grupo de congresistas, considera DAV, “quiere
sustraer a la opinión pública de la posibilidad de conocer las
opiniones de expertos que llevarán a la Subcomisión los distintos
grupos parlamentarios”.
Aparecen “graves indicios” de que “el
Gobierno quiere aprobar la nueva ley del aborto como una medida
puramente política, sin el menor interés en su fundamentación
científica, primando de esta forma al sesgado Comité de ‘expertos’
creado por el Ministerio de Igualdad, cuyos miembros son todos
abiertamente partidarios del aborto, si no directamente amigos de la ministra”.
“También nos llama la atención la rapidez con que Carmen Calvo ha convocado esta primera reunión de la Subcomisión. Parece como si el Gobierno quisiera acelerar su propio plan de ampliación del aborto“, señala Blanca Escobar.
DAV
también espera que, en la primera reunión, prevista para este 30 de
octubre, la presidenta de la Subcomisión “no imponga un calendario de
trabajo muy breve, sino que permita a la Subcomisión conocer las
opiniones de un número suficiente de expertos en biomedicina, ginecólogos, psiquiatras y juristas, que son los que pueden aportar luz sobre el problema del aborto”.(…)” www.gaceta.es
“La Diputación provincial de Ciudad Real quiere ser la
primera en España en poner en marcha el proyecto de la Administración
Electrónica en la institución provincial y en los Ayuntamientos de la
provincia que lo soliciten. Un proyecto que está previsto se inicie en
el resto del país en el año 2010 aunque el presidente de la Diputación,
Nemesio de Lara ha expresado su deseo de comenzar a implantarlo el
próximo año.
para cumplir con la ley que entrará en vigor el 1 de enero de ese año,
una normativa «que es compleja y que viene a decir que el derecho real
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones públicas,
incluidas las locales, va a poder ser elegido» a partir de entonces.
tiene previsto aprobar un convenio con los organismos autónomos de la
propia Diputación y los ayuntamientos para llevarlo a cabo. Un servicio
sin coste para los consistorios que quieran adherirse y que cuenta con
un presupuesto de 1,3 millones de euros.
provincial prestará a los ayuntamientos cinco servicios gratuitos. Así,
les dotará de un sistema seguro de comunicación con la red privada
virtual mediante líneas ADSL, antivirus o antispam, entre otros.
Permitirá que los consistorios tengan copias de seguridad en los
servidores de la Diputación, necesarias ante pérdidas o extravíos de
datos, y tendrán también acceso a la información de todas las
administraciones.
electrónico y de custodia de documentos para recuperarlos cuando sea
necesario y se prestará un servicio especial para que cualquier
ciudadano pueda realizar trámites administrativos desde su propia casa.
”
petición del PP de crear una comisión de investigación en el
Ayuntamiento que aclare los contratos a familiares del alcalde y del ex
concejal de IU Francisco Manuel Silva. Lo hizo alegando que el PP ya
tenía toda la información al respecto en un Pleno cargado de
acusaciones, palabras broncas e insultos.
adjudicaciones de obras por 240.000 euros a un hermano de Evaristo
Troya, el militante socialista que contrató con el distrito Macarena
cuando era miembro de la Junta de dicho distrito.
basaba, según explicó el concejal popular Beltrán Pérez, en casos como
la contratación del primo del alcalde por Emasesa para realizar una
página web del Plan Estratégico; la designación como director del
Instituto del Taxi de un ex cuñado del alcalde o la contratación de la
mujer de éste en Urbanismo, así como los contratos con la empresa del
primo segundo de Francisco Manuel Silva y de la madre de éste en una
piscina municipal.(…)” M.D. Alvarado – www.abcedesevilla.es
