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‘Derecho a vivir’ denuncia el ‘apagón informativo’ en la subcomisión
parlamentaria si las reuniones se celebran a puerta cerrada. Mientras,
Aído, no comparte “que se realicen espectáculos”.La plataforma Derecho a Vivir37 denuncia que los trabajos de la subcomisión parlamentaria sobre el aborto, que se iniciarán este 30 de octubre, se desarrollarán en condiciones de opacidad.
La presidenta de este grupo de trabajo, Carmen Calvo (PSOE), ha impuesto que las reuniones sean a puerta cerrada, que se prohíba la entrada a periodistas,
que no se transmitan por el Canal Parlamentario y que las opiniones de
los expertos no se transcriban al Diario de Sesiones, según ha podido
saber este martes la iniciativa Derecho a Vivir (DAV) de fuentes
conocedoras de la condiciones de funcionamiento de la Subcomisión.
La portavoz DAV y responsable del gabinete jurídico de HazteOir.org38, Blanca Escobar, ha pedido al PSOE que “reconsidere estas medidas que no tienen ninguna justificación razonable y practique la transparencia que predica“.
El sesgado Comité de ‘expertos’ de Aído
La
diputada que preside este grupo de congresistas, considera DAV, “quiere
sustraer a la opinión pública de la posibilidad de conocer las
opiniones de expertos que llevarán a la Subcomisión los distintos
grupos parlamentarios”.
Aparecen “graves indicios” de que “el
Gobierno quiere aprobar la nueva ley del aborto como una medida
puramente política, sin el menor interés en su fundamentación
científica, primando de esta forma al sesgado Comité de ‘expertos’
creado por el Ministerio de Igualdad, cuyos miembros son todos
abiertamente partidarios del aborto, si no directamente amigos de la ministra”.
“También nos llama la atención la rapidez con que Carmen Calvo ha convocado esta primera reunión de la Subcomisión. Parece como si el Gobierno quisiera acelerar su propio plan de ampliación del aborto“, señala Blanca Escobar.
DAV
también espera que, en la primera reunión, prevista para este 30 de
octubre, la presidenta de la Subcomisión “no imponga un calendario de
trabajo muy breve, sino que permita a la Subcomisión conocer las
opiniones de un número suficiente de expertos en biomedicina, ginecólogos, psiquiatras y juristas, que son los que pueden aportar luz sobre el problema del aborto”.(…)” www.gaceta.es
“La Diputación provincial de Ciudad Real quiere ser la
primera en España en poner en marcha el proyecto de la Administración
Electrónica en la institución provincial y en los Ayuntamientos de la
provincia que lo soliciten. Un proyecto que está previsto se inicie en
el resto del país en el año 2010 aunque el presidente de la Diputación,
Nemesio de Lara ha expresado su deseo de comenzar a implantarlo el
próximo año.
para cumplir con la ley que entrará en vigor el 1 de enero de ese año,
una normativa «que es compleja y que viene a decir que el derecho real
de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones públicas,
incluidas las locales, va a poder ser elegido» a partir de entonces.
tiene previsto aprobar un convenio con los organismos autónomos de la
propia Diputación y los ayuntamientos para llevarlo a cabo. Un servicio
sin coste para los consistorios que quieran adherirse y que cuenta con
un presupuesto de 1,3 millones de euros.
provincial prestará a los ayuntamientos cinco servicios gratuitos. Así,
les dotará de un sistema seguro de comunicación con la red privada
virtual mediante líneas ADSL, antivirus o antispam, entre otros.
Permitirá que los consistorios tengan copias de seguridad en los
servidores de la Diputación, necesarias ante pérdidas o extravíos de
datos, y tendrán también acceso a la información de todas las
administraciones.
electrónico y de custodia de documentos para recuperarlos cuando sea
necesario y se prestará un servicio especial para que cualquier
ciudadano pueda realizar trámites administrativos desde su propia casa.
“Dos senadoras del PP, Elvira Velasco y Dolores Pan, querían conocer
cuánto cuesta al erario público los altos cargos del Gobierno. Querían
la información por ministerios y por años, desde 2004, dividida entre
asesores y altos cargos. Presentaron el pasado junio 17 preguntas
escritas al Gobierno redactadas con mucha precisión. La respuesta
ocupaba cuatro líneas: “La información interesada se encuentra a su
disposición en la documentación que acompaña a los Presupuestos de cada
año, que se remite a las Cámaras”.
Tras conocer la respuesta, Elvira Velasco se declaraba asombrada por
lo que consideraba una falta de respeto a ella y a la Cámara. Como
ella, son pocos los diputados y senadores que, a lo largo de una
legislatura, tienen la oportunidad de hacer preguntas orales a los
ministros, cara a cara, y salir en las noticias. Pero a todos (350
diputados y 264 senadores) les asiste el derecho de controlar al
Gobierno mediante preguntas escritas. Pueden preguntar lo que quieran,
siempre que sea competencia gubernamental, y el Ejecutivo tiene la
obligación de contestar antes de 20 días.
La pasada legislatura,
el número de preguntas se disparó a niveles desconocidos. A finales de
2007, se superaron las 200.000 contestaciones, casi tanto como en todas
las legislaturas anteriores juntas. Algunos ministerios tenían
funcionarios dedicados exclusivamente a la tarea. Y sigue: el número de
preguntas esta legislatura ya es el doble que en el mismo periodo de la
anterior.
“Hemos tomado una decisión: no facilitamos información
que ya esté en las Cortes”, confirma una fuente de La Moncloa, donde se
centralizan las preguntas. “Les decimos dónde pueden encontrar la
información, pero no se la buscamos nosotros”. En el caso de la
información que requerían Pan y Velasco, lo que les han contestado es
que son las Cortes las que aprueban el Presupuesto. Por tanto,
preguntaban algo que, en teoría, el Senado conoce mejor que el
Gobierno, porque es quien ha aprobado ese gasto.
“La legislatura
pasada nos lo trabajábamos todo lo que podíamos”, explican en el
Gobierno. “En un caso como este, les habríamos buscado la
documentación. A veces, les hacíamos una fotocopia de la publicación en
la que estaban los datos. Pero es que ya no damos abasto”.(…)” Pablo X. de Sandoval – www.elpais.com
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”
ser accesible para los ciudadanos. Este principio general, sin embargo,
se topa en la práctica diaria con obstáculos reales y, en muchas
ocasiones, insalvables para conocer lo que las administraciones hacen
con el dinero público y cómo se han tomado decisiones que afectan al
conjunto de la población. La razón de esta disfunción es que el derecho
de acceso a la información pública -un elemento imprescindible par
participar en la vida política reconocido como tal en los ordenamientos
de casi 80 países, incluidos 22 miembros de la UE- está regulado de
forma precaria en España.
Mientras el Consejo de Europa aprobó en primavera el
borrador de la primera Convención sobre Acceso a los Documentos
Públicos. la legislación española facilita aún cobertura legal a toda
institución pública que no quiera proporcionar cierta información o
documento. Esta es una de las principales conclusiones del informe que
la organización Access Info Europe hará público hoy, en el que se ha
seguido el curso de distintas solicitudes.
grupo no recibieron la información solicitada. En el 43 por ciento de
los casos obtuvieron respuestas que no incluían la información
solicitada. El resto se zanjaron con silencio administrativo. Sólo un
22 por ciento recibió respuesta con la información solicitada. «Gran
parte de las respuestas dadas por la Administración para denegar los
datos que se pedían no está en consonancia con los principios del
derecho de acceso a la información establecidos a nivel internacional»,
denuncia el informe.
de ninguna clase a los ciudadanos. La solicitante presentó cuatro
peticiones de información a Defensa. La primera, sobre el número de
inmuebles propiedad de este Departamento vendidos en el año 2007. En
otra se solicitaba el número de militares españoles que han sido
tratados por traumas postconflicto en los últimos años y el coste anual
de su tratamiento. En una tercera se pretendía saber las denuncias
presentada por miembros de las Fuerzas Armadas por razones de
discriminación por género. Y en la última se preguntaba por el número
de militares que han sufrido amputaciones de algún miembro o han sidos
de baja médica como resultado de algún accidente en Irak y Afganistán
desde 2001. Para todas estas preguntas la respuesta fue la misma. La
información solicitada «no constituye materia propia de la información
administrativa» que se facilita a los ciudadanos, sin que se expliquen
los motivos de la denegación. El principio es la publicidad y el
secreto debe ser siempre la excepción, según Access, por lo que han
presentado un recurso contencioso-administrativo contra este proceder.
información sobre el canon. Un ciudadano buscaba información sobre cómo
emplea la SGAE el dinero que recib del canon. Cultura se niega a
facilitar las memorias del año 2006 de la SGAE porque «no forma parte
de un expediente administrativo», pero no aclara si se encuentra en su
poder o no.
parte del canon en actividades dirigidas a toda la comunidad de
artistas y no sólo a socios, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo
se está empleando ese dinero y si de verdad está sirviendo para ayudar
a todos los artistas con independencia de su vinculación a estas
entidades. El Ministerio se escuda detrás de las carencias de la
normativa actual que regula el derecho de acceso a la información para
denegar una información de claro interés público», recoge textualmente
el informe.
sobre el número de personas expulsadas de España. A la pregunta,
¿cuántas personas han sido expulsadas de territorio español desde enero
de 2007?, Interior dice que es «desaconsejable» facilitar esa
información a particulares.(…)” F.Alvarez – www.abc.es
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“Los politicos no han dejado pasar su turno tras la comparecencia de la ministra de Fomento. Todos han dedicado sus primeras palabras para hacer un homenaje a las víctimas y expresar sus condolencias a las familias. Sin embargo, la gran mayoría han exigido al Gobierno transparencia en la información proporcionada sobre el accidente de Barajas y cambios en la normativa aérea de seguridad. Por su parte, el PP ha asegurado que no acosará al Ejecutivo pero le exige estar pendiente de las indemnizaciones y pensiones para los familiares de las víctimas. El grupo mixto ha querido dejar claro que la Ley de Seguridad Aérea no se cumple, mientras que el PNV ha preferido agradecer el esfuerzo de los servicios de emergencias y todas las dotaciones que acudieron al accidente. (…)
Transparencia sin acoso
El PP garantizó hoy que no va a “acosar” al Gobierno con el
accidente aéreo ocurrido en Barajas y le ofreció su colaboración y
apoyo para esclarecer las causas del siniestro. Santamaría se centró en
que el Ejecutivo vigile que los familiares de las víctimas reciban
justamente las indemnizaciones y que tramiten “forma prioritaria y
urgente” las pensiones y ayudas que necesiten.
Asimismo, solicitó al Gobierno “transparencia” y que traslade, a
través del Parlamento, los avances sobre la investigación del accidente
de los que se disponga. Como el portavoz de CC, Santamaría ha apremiado
al Gobierno a poner en marcha la Agencia de Seguridad Aérea, ya que el
“rigor presupuestario” ha de ahorrar de lo superfluo, pero no de la
seguridad.(…)” Telecinco.es – Informativos Telecinco
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“El Senado ha aprobado hoy por unanimidad una moción consecuencia de interpelación por la que se insta al Gobierno a impulsar medidas de transparencia informativa ante incidentes nucleares, a traspasar las competencias a la Generalitat en materia de seguridad nuclear y a coordinar planes de emergencia. Esta iniciativa -presentada por CiU, aunque se ha consensuado un texto transaccional con PSOE, PP y Entesa- surge a raíz de la fuga de partículas radiactivas que sufrió la central tarraconense de Ascó I a finales de noviembre de 2007, y que no trascendió a la opinión pública hasta el pasado 5 de abril. El texto insta al Gobierno a poner en marcha una política efectiva en materia de transparencia informativa frente a los accidentes nucleares para facilitar datos a la población afectada por este tipo de incidencias, “dado el desbarajuste informativo” que se produjo en el caso de Ascó I, según ha afirmado el senador de CiU Josep Maldonado. (…) EFE – Diario de Burgos.es
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“El ex director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, compareció este martes ante un juez en Madrid en el marco de un caso de corrupción y apropiación indebida cuando fue ministro de Economía (1996-2004), informaron los medios españoles.
Rodrigo Rato llegó al tribunal por la mañana y su declaración duró alrededor de una hora. Su hermano Ramón Rato, también implicado en este asunto, declaró asimismo por la mañana ante el juez de instrucción José Sierra.
Ambos están acusados, junto con otras 13 personas, entre ellos el presidente del primer banco español, el Santander, Emilio Botín, en un caso relacionado con la compra, en 1999, del 45,3% de Aguas de Fuensanta, empresa de la familia Rato, por el banco Banesto, filial de Santander. Están acusados de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y negativa a socio del derecho de información.
Durante su declaración de este martes, Rato, ministro de Economía de los dos Gobiernos del conservador José María Aznar en el momento de los hechos, negó cualquier trato de favor hacia los dirigentes de Banesto durante esta operación finanicera. El ex ministro declaró no estar al tanto de los detalles de la operación, puesto que su hermano estaba encargado de la venta, y aseguró que sus relaciones con Botín eran puramente institucionales, informaron a los medios sus abogados tras la comparecencia.
La justicia madrileña inició esta investigación tras una denuncia presentada en 2004 por el abogado Francisco Franco Otegui, ampliada en 2005 por el abogado Antonio Panea, accionista de Santander y Banesto. Según esta denuncia, Emilio y Jaime Botín aceptaron la compra del 43,5% de Aguas de Fuensanta a la familia Rato cuando la sociedad estaba “en situación de quiebra técnica”, con el objeto de “ganarse el favor” del ministro de Economía. (…)” AFP
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“La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega, subrayó hoy el compromiso de ‘transparencia’ del Ejecutivo durante el acto de toma de posesión de la nueva secretaria de Estado de Comunicación, Nieves Goicoechea. (…)
La vicepresidenta subrayó que ya en la anterior legislatura el Ejecutivo trató de facilitar ‘información veraz y rigurosa’ puesto que ‘en democracia la labor de gobierno exige transparencia’. ‘En esto nos hemos esforzado y en esa dirección nos comprometemos a seguir trabajando’, recalcó.
‘La información es uno de los pilares del Estado Democrático, y hoy más que nunca una garantía de las libertades políticas y civiles’, señaló De la Vega, que elogió la ‘dilatada y acreditada experiencia profesional’ de Goicoechea, que llega a Moncloa desde la Cadena Ser. (…)” Terra Actualidad – Europa Press
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“”Esto es un infierno, es peor que una cárcel, yo no he hecho nada malo para merecer esto”. Es el testimonio de una mujer ecuatoriana recluida en un Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. Médicos Sin Fronteras ha difundido este mensaje que denuncia, entre sollozos, la situación “injusta” de una joven que, a su lado, acaba de dar a luz con cesárea y permanecía “encerrada” en condiciones infrahumanas.
Es un testimonio cualquiera, elegido al azar entre otros muchos que cada día se suceden en muchos CIEs españoles, entre ellos los tres ubicados en territorio canario. Con la salvedad de que la gran mayoría no se escucha fuera de los muros de estos centros. Y algunos, ni siquiera se entienden porque no hay asistencia lingüística ni intérpretes que conozcan idiomas como el mandinga, wolof o ful.
Este viernes, en Lanzarote, catorce asociaciones de la Isla se han unido a otras seis del resto del archipiélago para protestar por esta situación donde el derecho a la comunicación que otorga la Ley de Extranjería es violado continuamente. En la mayor parte de los CIEs los internos pueden realizar llamadas, pero no recibirlas. La situación de aislamiento incluye la ausencia de radios, televisiones y periódicos.
Por ello, piden al Ministerio del Interior y a la delegación del Gobierno en Canarias el acceso de asociaciones, ONGs, sindicatos y medios de comunicación a las instalaciones de los Centros de Internamiento de Extranjeros como medida de control a la situación que se vive de muros hacia adentro. Además, piden una mejora del servicio de petición de visita previa, una ampliación de la duración de las visitas y estancias apropiadas para éstas.(…) La Voz de Lanzarote.com – ACN Press
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