“El diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Herrera, pedirá que
se estudie la reforma de la ley para dar transparencia a las
actividades privadas de los diputados.Herrera solicitará que la subcomisión que se constituirá en breve en la
Cámara para estudiar la reforma de la Ley Electoral incluya entre sus
objetivos la revisión del sistema de incompatibilidades de los
parlamentarios. La ley en este momento prevé un procedimiento opaco en
el que el Pleno aprueba a puerta cerrada un dictamen reservado
elaborado por la Comisión del Estatuto del Diputado en el que se acepta
que los parlamentarios puedan simultanear su actividad política con
otras privadas. La propuesta de ICV supondría avanzar para que ese
proceso sea transparente y para que pueda conocerse qué diputados
simultanean la actividad pública con la privada y en qué casos se
produce conflictos.(…)” F.Garea – www.elpais.com
Para leer el resto de la noticia pincha aquí.
“Cantabria – Mediavilla destaca que la norma es pionera en España y mejorará la confianza de los ciudadanos al aumentar la transparencia y la eficacia en la gestión.
El Parlamento de Cantabria aprobó ayer por unanimidad la ley que regula los conflictos de intereses de los altos cargos y miembros del Gobierno regional en aras de la transparencia y la eficacia.
El consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, defendió el proyecto como un instrumento para aumentar la transparencia en la gestión. Ese el único camino, dijo, para alcanzar el objetivo de «confianza» por parte de los ciudadanos. Solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Galicia, tienen un sistema similar pero Cantabria se convierte en pionera por someterse a los más estrictos controles.
La norma, que agrupa la regulación existente y la hace más rígida, determina las relaciones de los altos cargos con la Administración, no sólo en lo referido a su mandato sino a los años posteriores. El alto cargo, cuando deje de serlo, no podrá desarrollar una actividad privada relacionada con expedientes que ha tratado, con lo que se asegura que no utilizará su cargo en beneficio privado.
La ley incluye un apartado de sanciones para que «no sea un mero papel mojado». Las muy graves pueden suponer la inhabilitación para cualquier cargo público. La norma, aclaró Mediavilla, opta fundamentalmente por la prevención. Su artículo seis encomienda al Gobierno cántabro la elaboración de un código del buen gobierno sobre el que ya se está trabajando. «No es un texto de partidos ni de personas y tiene ámbito de perdurabilidad» por lo que se refirió a la importancia del consenso que se ha alcanzado.
Fruto de una enmienda del Partido Popular se ha eliminado la posibilidad de que un miembro del Gobierno pueda ser senador. Luis Carlos Albalá se mostró «feliz» por el acuerdo para aprobar la ley por unanimidad. Se han aceptado cinco enmiendas populares, de las 13 planteadas, y otras cinco transaccionales. «No sólo hay que ser honesto, hay que parecerlo», dijo, opinión compartida por otros portavoces.
El portavoz regionalista Rafael de la Sierra destacó que la ley lucha contra la corrupción política y recalcó que se trata de una norma preventiva para evitar «situaciones de riesgo». El órgano de vigilancia se centra, explicó, en la inspección de servicios, el Parlamento y la posibilidad de denuncias públicas. Todo ello reforzado por un régimen sancionador, subrayó. (…)” Isabel Arozamena – El Diario Montañés.es
Para leer el resto de la noticia, pincha aquí.
