“La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.
Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: “Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]” a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.
Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.(…)” El País – Francisco Mercado
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Los
casos en los que algún cargo político español
está acusado de maniobras poco limpias están colapsando
los tribunales españoles. En lo que llevamos de año
2008, 206 causas están en trámite o han tenido ya
respuesta de manera favorable o desfavorable para el acusado.
Las noticias en las que la palabra
corrupción viene acompañada a la de un cargo público
no cesan de aparecer y su nexo siempre es el mismo: el sector
urbanístico. Cargos de todos los partidos han sufrido en
sus carnes este año las acusaciones de corrupción.
Hasta el día de hoy, 206 causas han tenido como protagonista
a un representante político.
El último en engrosar esta
lista ha sido el alcalde de la localidad valenciana de Zarra,
el independiente y ex socialista Juan José Rubio, detenido
esta mañana por su relación con la corrupción,
aunque la Guardia Civil no ha precisado más detalles.
Con la detención de un independiente
se demuestra que la corrupción no conoce de partidos, aunque
las filas populares han concentrado las citas con el juez. Y es
que el PP ha colmado la mayoría de los casos de corrupción
y sus altos cargos han tenido un papel principal. Un buen ejemplo
es la ‘número dos’ de Castilla y León,
María José Ruiz, y las acusaciones de prevaricación
que recaen sobre ella por la construcción de un campo de
golf en un área protegida.
En la mayoría de estos casos
y hasta que la Justicia anuncia una decisión firme sobre
las investigaciones, los imputados cuentan con el beneplácito
de sus jefes de filas. Un buen ejemplo se encuentra en el PP donde
viejos presuntos culpables como el líder del PP de Castellón,
Carlos Fabra, no son expedientados e, incluso, su labor es homenajeada
en público por el presidente del partido, Mariano Rajoy.
A continuación se adjunta un ránking con el número
de casos de corrupción por comunidades autónomas
españolas:
- Andalucía: 97*
– Canarias: 31
– Murcia: 15
– Castilla y León: 13
– Comun. Valenciana: 12
– Madrid: 12
– Galicia: 11
– Baleares: 10
– Castilla-La Mancha: 2
– La Rioja: 1
– Navarra: 1
– Cantabria: 1
www.americaeconomica.com
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“Valencia.- El president del Consell, Francisco Camps, ha defendido hoy
el valor de las sociedades y organismos públicos de la Generalitat por
“ensanchar” la calidad de vida de los valencianos y por regirse con
“transparencia”, frente a la opacidad, a su juicio, en la gestión
pública de los gobiernos socialistas.
Camps ha contestado así, en la sesión de control de Les Corts, a la
pregunta que le ha formulado el portavoz del grupo socialista, Ángel
Luna, sobre si la Generalitat tiene previsto introducir algún cambio en
la gestión de las sociedades y organismos públicos dependientes de la
Administración autonómica para reducir su deuda.
Según Luna, el sector público valenciano ha resultado ser “ineficaz”
en los últimos años y las “pérdidas crecientes” de organismos como
Radiotelevisión Valenciana, CACSA o la Sociedad de Proyectos Temáticos
están “hipotecando el futuro” de la Comunitat.
Para el jefe del Consell, la crítica socialista ataca directamente a
la construcción de colegios, de redes de metro y tranvía, de
depuradoras o de viviendas de Promoción Pública (VPP).
Según Camps, el 85% del gasto de las inversiones de las entidades
públicas de la Generalitat se destina a políticas sociales y el 15%
restante va directamente a proyectos culturales y al sector turístico,
“fundamental” para la riqueza y el empleo de la Comunitat.(…)” EFE- www.soitu.es
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“El tripartito catalán de izquierdas ha aprobado la ley de la Oficina
Antifraude de Cataluña. Este organismo se ha creado para “luchar contra
la corrupción” tal y cómo ha señalado el parlamentario de ERC, Xavier
Vendrell, padrino de la ley. Dicho ente es un organismo pionero entre
las comunidades autónomas y se encargará de prevenir e investigar
posibles casos de corrupción de la Administración.
No sólo examinará los organismos dependientes de la Generalitat si
no también a ayuntamientos e universidades. Del mismo modo podrá actuar
sobre empresas que tengan relación con la Generalitat. La gran novedad
es que la Oficina Antifraude de Cataluña podrá llevar los expedientes
que crea convenientes ante Fiscalía.
La ley ha salido adelante
gracias a los votos del tripartito (PSC, ERC e ICV) y de Ciutadans y
con la oposición de CiU y PP que han considerado que la ley no tenía
suficientes competencias para actuar y que chocaría con otros
organismos fiscalizadores como la Sindicatura de Cuentas catalana. Es
un organismo “independiente” y adscrito al Parlamento catalán, no al
Gobierno. Además el puesto de director tendrá un mandato de nueve años. (…) J.Foguet – www.elpais.com
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Archivado en: Acceso a la Información, Comunidades Autónomas, Iniciativas legislativas, Transparencia
” El presidente del Govern, Francesc Antich, garantizó hoy la
transparencia en la administración pública para que ni un sólo euro del
contribuyente sea desviado hacia intereses privados. Por ello, recordó
que el Govern ultima una ley del sector público que asegure la
necesaria fiscalización de las empresas públicas, una norma cuyo fin es
evitar que se repitan prácticas corruptas como las que salpican la
política balear.
En su discurso durante la primera jornada de Debate del Estado de
la Autonomía, Antich enfatizó el esfuerzo del actual Govern para
colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los casos de
corrupción que han salido a la luz relacionados con políticos en activo
fraguados en la pasada legislatura. En este punto, sostuvo que el
cambio del modelo económico debe ir “necesariamente acompañado” de un
“cambio en la forma de gestionar los recursos públicos”, para que “todo
el mundo debe pueda confiar en la honestidad de sus gobernantes”.
El dirigente autonómico censuró la pésima gestión del dinero
público realizada en la pasada legislatura y expresó su compromiso para
que el dinero que la ciudadanía deposita en la hacienda pública “sea
siempre administrado con austeridad y escrupulosidad absolutas”.
Por ello, dijo, “es necesario y forzoso dotar a la Administración
pública de una transparencia exquisita”. En cuanto al trabajo que está
realizando la justicia para esclarecer todos los presuntos casos de
corrupción, manifestó que el Govern respeta “escrupulosamente” la
acción independiente de la justicia y colaborará en todos los
requerimientos que se le ordenen.(…)” www.europapress.es
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Archivado en: Acceso a la Información, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Entidades Privadas, Partidos políticos, Transparencia
La situación no mejora.
A falta de ley y de voluntad en las
instituciones
los ciudadanos siguen sin recibir la
información que necesitan
El día 1 de octubre ACCESS INFO EUROPE publica un nuevo informe sobre los resultados del seguimiento de cuarenta y un solicitudes realizadas a más de veinte instituciones en España en el último año. El 78% no recibió la información solicitada.
El informe “Cuando lo público no es público” desvela las respuestas insólitas e inadmisibles que la Administración da a las solicitudes de información que los ciudadanos le presentan. En este estudio se analizan también las carencias de la normativa española actual y las prácticas restrictivas de la Administración
que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.
Ministerios que se callan cuando se les pregunta si se ha adaptado a derecho español el Convenio para la lucha
contra la corrupción (Ministerio de Justicia); o que se niegan a dar información sobre el número de inmuebles de su propiedad vendidos en el 2007 (Ministerio de Defensa). Funcionarios que preguntan “pero ¿esa información se puede dar a personas normales?” cuando se les pide información sobre las reuniones de la Ministra con grupos externos de interés (Ministerio de Fomento); o que cuando se les pregunta sobre el número de días que el Presidente del Gobierno estuvo fuera del país el año pasado dicen por teléfono “presente su escrito pero esa
información no se le va a dar” (Ministerio de la Presidencia). Ayuntamientos que rehúsan escritos al Alcalde y los devuelven sin abrir aunque contengan un recurso (Ayuntamiento de Madrid). Todas éstas son algunas de las turbadoras respuestas que la Administración da para denegar la información.
Eva Moraga, autora del informe, comenta: “la mayoría de las razones dadas por las instituciones para no
facilitar los datos no están en consonancia con los principios internacionales del derecho de acceso a la información pública y con la práctica de otros países de la Unión Europea.”
“La ausencia de una ley específica de acceso a la información pública facilita este tipo de comportamiento por parte de la Administración” añade Moraga.
Argumentos paternalistas se entremezclan con el silencio absoluto o con respuestas con motivaciones sorprendentes ancladas en los obstáculos de nuestra normativa actual y en la tradición oscurantista de la Administración. Access Info Europe hace un llamamiento al Gobierno para que cumpla su compromiso electoral de aprobar una ley que acabe con este tipo de situaciones y reconozca plenamente el derecho de toda persona a acceder en condiciones de igualdad a toda información en poder de las instituciones públicas.
Informe: Cuando lo publico no es publico
Cuadro de las solicitudes en seguimiento
Más información en www.access-info.org
Archivado en: Acceso a la Información, Administración Estatal, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Transparencia
”
ser accesible para los ciudadanos. Este principio general, sin embargo,
se topa en la práctica diaria con obstáculos reales y, en muchas
ocasiones, insalvables para conocer lo que las administraciones hacen
con el dinero público y cómo se han tomado decisiones que afectan al
conjunto de la población. La razón de esta disfunción es que el derecho
de acceso a la información pública -un elemento imprescindible par
participar en la vida política reconocido como tal en los ordenamientos
de casi 80 países, incluidos 22 miembros de la UE- está regulado de
forma precaria en España.
Mientras el Consejo de Europa aprobó en primavera el
borrador de la primera Convención sobre Acceso a los Documentos
Públicos. la legislación española facilita aún cobertura legal a toda
institución pública que no quiera proporcionar cierta información o
documento. Esta es una de las principales conclusiones del informe que
la organización Access Info Europe hará público hoy, en el que se ha
seguido el curso de distintas solicitudes.
grupo no recibieron la información solicitada. En el 43 por ciento de
los casos obtuvieron respuestas que no incluían la información
solicitada. El resto se zanjaron con silencio administrativo. Sólo un
22 por ciento recibió respuesta con la información solicitada. «Gran
parte de las respuestas dadas por la Administración para denegar los
datos que se pedían no está en consonancia con los principios del
derecho de acceso a la información establecidos a nivel internacional»,
denuncia el informe.
de ninguna clase a los ciudadanos. La solicitante presentó cuatro
peticiones de información a Defensa. La primera, sobre el número de
inmuebles propiedad de este Departamento vendidos en el año 2007. En
otra se solicitaba el número de militares españoles que han sido
tratados por traumas postconflicto en los últimos años y el coste anual
de su tratamiento. En una tercera se pretendía saber las denuncias
presentada por miembros de las Fuerzas Armadas por razones de
discriminación por género. Y en la última se preguntaba por el número
de militares que han sufrido amputaciones de algún miembro o han sidos
de baja médica como resultado de algún accidente en Irak y Afganistán
desde 2001. Para todas estas preguntas la respuesta fue la misma. La
información solicitada «no constituye materia propia de la información
administrativa» que se facilita a los ciudadanos, sin que se expliquen
los motivos de la denegación. El principio es la publicidad y el
secreto debe ser siempre la excepción, según Access, por lo que han
presentado un recurso contencioso-administrativo contra este proceder.
información sobre el canon. Un ciudadano buscaba información sobre cómo
emplea la SGAE el dinero que recib del canon. Cultura se niega a
facilitar las memorias del año 2006 de la SGAE porque «no forma parte
de un expediente administrativo», pero no aclara si se encuentra en su
poder o no.
parte del canon en actividades dirigidas a toda la comunidad de
artistas y no sólo a socios, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo
se está empleando ese dinero y si de verdad está sirviendo para ayudar
a todos los artistas con independencia de su vinculación a estas
entidades. El Ministerio se escuda detrás de las carencias de la
normativa actual que regula el derecho de acceso a la información para
denegar una información de claro interés público», recoge textualmente
el informe.
sobre el número de personas expulsadas de España. A la pregunta,
¿cuántas personas han sido expulsadas de territorio español desde enero
de 2007?, Interior dice que es «desaconsejable» facilitar esa
información a particulares.(…)” F.Alvarez – www.abc.es
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“Ya son ocho los detenidos por malversar fondos
públicos del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas
Baleares (CDEIB) durante la legislatura de Jaume Matas. Entre
arrestados destacan su gerente, Antònia Ordinas, su esposa,
la soprano Isabel Maria Rosselló, y un decorador que trabajaba para el
Consorcio. La Policía Nacional no descarta que aún haya más detenciones.
El operativo policial comenzó esta mañana. Los arrestos se han
producido a instancias de la Fiscalía Anticorrupción ante un presunto
delito de malversación de fondos del consorcio durante la etapa en que
Ordinas dirigía el Consorcio.
El pasado abril,
los servicios jurídicos de la Conselleria de Comercio, Industria y
Energía investigaron una presunta malversación de fondos del CDEIB por
parte de Ordinas, y del ex director general de Promoción Industrial del
ejecutivo de Jaume Matas, Kurt Viaene.
A Ordinas se le acusó en ese momento de no devolver los 18.000 euros
que se le reclaman por unos gastos personales no justificados.
Antonia Ordinas y el ex director general de Promoción Industrial del
ejecutivo liderado por Jaume Matas, Kurt Viaene, firmaron en su día la
conformidad de los gastos que se les imputaban y que en ambos casos
ascendían a más de 18.000 euros, según la auditoría realizada este año
en el CDEIB.
Tanto Ordinas como Viaene recibían cada principio de mes un cheque de 3.000 euros para gatos de gasolina,
desplazamientos o comida, a los que añadían otros gastos sin aportar
facturas, irregularidades que se producían desde 2004, pero que la
nueva dirección del CDEIB detectó en octubre de 2007. Viaene pagó sus
deudas hace varias semanas. (…) Lorenzo Marina – www.elmundo.es
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Archivado en: Acceso a la Información, Comunidades Autónomas, Medioambiente
cuando se fija un precio por acceder a la información? La comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo se encontró con una pregunta nada
fácil sobre la mesa. Ecologistas en Acción pidió a los eurodiputados
que se investigaran las tasas del Gobierno de La Rioja por acceder a la
información medioambiental, que tachan de «abusivas, inaceptablemente
elevadas» y de obstáculo «para del ejercicio del derecho de información
de los ciudadanos».
opinión de la Comisión Europea sobre el caso, los diputados han dado la
razón al Ejecutivo de Pedro Sanz y decidieron esta semana cerrar la
petición de investigación.
esta decisión. David Hammerstein, del grupo de los verdes de la cámara,
opina que «el hecho de que un grupo ambientalista se preocupe por el
entorno de todos sólo debe tener alicientes y facilidades, nunca
gravámenes».
comunitario, «sí contradicen el sentido común de favorecer la
participación a favor del medio ambiente y la salud». Por ello, el
diputado español pide «a las autoridades riojanas que no entorpezcan el
acceso a la información ambiental».
Concepción Hernani, el Gobierno de La Rioja ha impuesto desde el 1 de
enero de 2006 una tasa para acceder a la información «excesiva, abusiva
y desproporcionada» cuya única finalidad es impedir el acceso del
público a dicha información.
quedaba recogida la cuestionada tasa 07/13 «por servicios en materia de
información medioambiental», y que le hizo pagar 90,34 euros por el
acceso a esta información, viola la ley española de julio de 2006 por
la que se incorporaba al Derecho nacional la Directiva europea de 2003,
relativa al acceso del público a la información medioambiental y a la
participación del público en la toma de decisiones en esta materia. Por
esta razón, Ecologistas en Acción, decidió acudir a la comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo, en la que los diputados analizan y
discuten cientos de quejas de los ciudadanos de todo tipo de materias. (…)” Jorge Valero – www.larioja.com
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“El Consejo Económico y Social de Castilla y León ya advirtió en su
informe de este año sobre las presuntas irregularidades que podrían
rodear la concesión de licencias para la explotación de plantas
fotovoltaicas. En las conclusiones del documento, que analiza la
situación socioeconómica de la región, los agentes sociales recomiendan
que «se deben impulsar al máximo las energías renovables». Pero a
continuación añaden: «A este respecto, el Consejo quiere hacer hincapié
en la importancia de garantizar la transparencia en la regulación de
las concesiones administrativas en materia de energías renovables». A
pesar de lo escueto de la frase, en el seno de la Junta de Castilla y
León la observación causó un malestar evidente, ya que varios de los
altos funcionarios ahora destituidos de sus cargos llevaban por ello
tiempo bajo el punto de mira.(…)” Marisol López – www.laopiniondezamora.es
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