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“La Fiscalía Anticorrupción experimentó en 2008 un incremento “espectacular”, del cien por cien, en el número de diligencias de investigación incoadas respecto al año anterior, según la memoria de esta fiscalía especial que dirige Antonio Salinas. Durante 2008 se interpusieron 15 nuevas querellas o denuncias y ampliaciones de otras anteriores.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, menciona la “precariedad de medios ofimáticos” y de que no dispone de los medios informáticos apropiados para el tratamiento de la información y documentación acorde con las necesidades de la Fiscalía especial.
En la actualidad, Anticorrupción interviene en un total de 246 procedimientos penales, entre los que destacan la Operación Gürtel contra la trama corrupta vinculada al PP, además de casos como el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; la Operación Ballena Blanca, sobre corrupción en Marbella; las presuntas estafas filatélicas de Afinsa y Fórum o Gescartera. La Fiscalía investiga también una treintena de convenios celebrados por el Ayuntamiento de Marbella.” (…)” www.elpais.com – J.M.L.
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”
La Fiscalía de Alicante solicita penas que suman ocho años de
prisión para el alcalde de La Vall de Laguar, Juan José Puchol Riera
(PSPV-PSOE), por haber falseado un documento público para modificar parcialmente el trazado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su beneficio.
Según la calificación del fiscal, el 5 de octubre de 1995, el
regidor, en nombre de la corporación municipal, remitió a la Dirección
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio unos documentos con los que reclamaba determinados cambios en el PGOU que no habían sido aprobados en pleno.
La modificación solicitada por Puchol consistía en eliminar “un vial
que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde” en la
partida Peña Lisa, y crear “un vial por encima de la vivienda, el
garaje y unas naves comerciales propiedad de Juan Lorenzo Puchol Oliver, con quien tenía una enemistad manifiesta“, destaca el ministerio público.
El fiscal añade que, en julio de 1998, el regidor “autorizó diversas licencias de obra
a sabiendas que no se ajustaban a la normativa vigente”, una de ellas
en la zona de La Casota, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, durante este tiempo, “impidió de manera sistemática el acceso a la información urbanística” a los concejales del PP, “vulnerando sus derechos a participar en los asuntos públicos”.
Por estos hechos, el fiscal pide para el alcalde penas que suman
ocho años cárcel, por dos delitos de falsesdad documental. Además, la
Fiscalía reclama otros 12 años de inahabilitación, por un delito
continuado contra la ordenación urbana, así como una multa de 19.440
euros y su inhabilitación especial para empleo o cargo público.(…)” www.elmundo.es
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“La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.
Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: “Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]” a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.
Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.(…)” El País – Francisco Mercado
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“La decisión de la Fiscalía de Valencia de intensificar
la presión sobre los ayuntamientos para poner coto al urbanismo ilegal
en la provincia está haciendo aflorar una realidad sospechada pero
desconocida en su verdadera dimensión.
Medio Ambiente y Urbanismo del Ministerio Público se dirigió a todos
los consistorios de la provincia de Valencia para recabar información
sobre los expedientes sancionadores que tenían abiertos por
construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de
2004, fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable.
conocer la existencia de 775 expedientes por irregularidades
urbanísticas, si bien no todos concluirán en denuncia por la vía penal.
Habrá infracciones que se sustanciarán en la vía administrativa. En
todo 2008 el Ministerio Público sólo recibió 51 denuncias procedentes
de once ayuntamientos.(…)” Isabel Rodríguez de la Torre – www.abc.es
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“La juez decretó ayer el ingreso en prisión del alcalde de Bigastro, el
socialista José Joaquín Moya, por corrupción urbanística. En concreto,
la juez, según informó el Tribunal Superior de Justicia, imputa al
regidor los delitos contra la ordenación del territorio, malversación
de caudales, falsedad documental, prevaricación, cohecho y
negociaciones prohibidas a los funcionarios. Todas estas ilegalidades
se derivan de operaciones de recalificación y permutas de suelo en una
zona verde del municipio con el objetivo de levantar naves industriales.(…)” S. Navarro-R.Biot – www.elpais.com
”
petición del PP de crear una comisión de investigación en el
Ayuntamiento que aclare los contratos a familiares del alcalde y del ex
concejal de IU Francisco Manuel Silva. Lo hizo alegando que el PP ya
tenía toda la información al respecto en un Pleno cargado de
acusaciones, palabras broncas e insultos.
adjudicaciones de obras por 240.000 euros a un hermano de Evaristo
Troya, el militante socialista que contrató con el distrito Macarena
cuando era miembro de la Junta de dicho distrito.
basaba, según explicó el concejal popular Beltrán Pérez, en casos como
la contratación del primo del alcalde por Emasesa para realizar una
página web del Plan Estratégico; la designación como director del
Instituto del Taxi de un ex cuñado del alcalde o la contratación de la
mujer de éste en Urbanismo, así como los contratos con la empresa del
primo segundo de Francisco Manuel Silva y de la madre de éste en una
piscina municipal.(…)” M.D. Alvarado – www.abcedesevilla.es
” El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón
denunciará los “vetos” del alcalde de Castellón, Alberto Fabra, a
debatir el denominado ‘caso Fabra’ en el pleno municipal ante la
Federación Española de Municipios y Provincias, el Síndic de Greuges y
la ONG Transparencia Internacional.
Según recordó en un comunicado, Fabra inadmitió una moción de
reprobación a la conducta política del concejal Carlos Fabra por la
vulneración del Código del Buen Gobierno y prohibió al portavoz adjunto
socialista, Mario Edo, que planteara preguntas sobre esta causa.(…)”Europa Press – www.europapress.es
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”
VALENCIA.- El
delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta,
destacó este jueves el compromiso del Gobierno central por trabajar
contra la delincuencia y contra la corrupción “sin distinguir colores
políticos y calidades de personas”.
Peralta se pronunció en estos términos al ser preguntado por las detenciones de los alcaldes de Zarra (Valencia), Juan José Rubio, Bigastro (Alicante), José Joaquín Moya, y San Fulgencio (Alicante), la socialista Trinidad Martínez.
Al respecto, el delegado afirmó que los detenidos pasarán este
jueves a disposición de la autoridad judicial que será la que, a la
vista de las pruebas aportadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, y las denuncias presentadas, adopte las “medidas
oportunas”, dijo.
En este contexto, quiso subrayar que desde la Administración central hay una política “firme” de luchar contra la delincuencia y contra la corrupción,
y afirmó que seguirá trabajando en esa dirección “sin distinguir
colores políticos y calidades de personas”. Por ello, pidió que “se
tome nota” de esta política “firme”.(…) Europa Press – www.elmundo.es
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“La alcaldesa de San Fulgencio ha sido detenida hoy; y ayer lo fueron los alcaldes de Zarra y Bigastro. La brigada de delitos económicos de la Policía Nacional de Alicante ha
detenido esta mañana a la alcaldesa socialista de la localidad de San
Fulgencio, Trinidad Martínez, además de cuatro concejales y un abogado,
presuntamente relacionados en un delito de corrupción urbanística. La
detención de esta alcaldesa se produce un día después de que la Guardia
Civil pusiera a disposición de la justicia al alcalde socialista de
Bigastro, José Joaquín Moya, y al primer edil de Zarra, el
independiente Juan José Rubio; también por ser sospechosos de haber
cometido supuestos delitos urbanísticos.(…)” Salvador Enguix – www.lavanguardia.es
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Los
casos en los que algún cargo político español
está acusado de maniobras poco limpias están colapsando
los tribunales españoles. En lo que llevamos de año
2008, 206 causas están en trámite o han tenido ya
respuesta de manera favorable o desfavorable para el acusado.
Las noticias en las que la palabra
corrupción viene acompañada a la de un cargo público
no cesan de aparecer y su nexo siempre es el mismo: el sector
urbanístico. Cargos de todos los partidos han sufrido en
sus carnes este año las acusaciones de corrupción.
Hasta el día de hoy, 206 causas han tenido como protagonista
a un representante político.
El último en engrosar esta
lista ha sido el alcalde de la localidad valenciana de Zarra,
el independiente y ex socialista Juan José Rubio, detenido
esta mañana por su relación con la corrupción,
aunque la Guardia Civil no ha precisado más detalles.
Con la detención de un independiente
se demuestra que la corrupción no conoce de partidos, aunque
las filas populares han concentrado las citas con el juez. Y es
que el PP ha colmado la mayoría de los casos de corrupción
y sus altos cargos han tenido un papel principal. Un buen ejemplo
es la ‘número dos’ de Castilla y León,
María José Ruiz, y las acusaciones de prevaricación
que recaen sobre ella por la construcción de un campo de
golf en un área protegida.
En la mayoría de estos casos
y hasta que la Justicia anuncia una decisión firme sobre
las investigaciones, los imputados cuentan con el beneplácito
de sus jefes de filas. Un buen ejemplo se encuentra en el PP donde
viejos presuntos culpables como el líder del PP de Castellón,
Carlos Fabra, no son expedientados e, incluso, su labor es homenajeada
en público por el presidente del partido, Mariano Rajoy.
A continuación se adjunta un ránking con el número
de casos de corrupción por comunidades autónomas
españolas:
- Andalucía: 97*
– Canarias: 31
– Murcia: 15
– Castilla y León: 13
– Comun. Valenciana: 12
– Madrid: 12
– Galicia: 11
– Baleares: 10
– Castilla-La Mancha: 2
– La Rioja: 1
– Navarra: 1
– Cantabria: 1
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