a aprobar antes de cuatro meses el Reglamento de la Ley de
Incompatibilidades de Altos Cargos, que obliga a publicar en el BOE el
patrimonio de los ministros y secretarios de Estado. La propuesta, que
partió del diputado de ICV Joan Herrera, supone que los socialistas
admiten cumplir, con dos años de retraso, con un precepto al que el
Gobierno estaba obligado desde 2006, puesto que la ley de
incompatibilidades aprobada en marzo de ese año fijó un máximo de
cuatro meses de plazo para aprobar su desarrollo reglamentario.
semana pasada ante la ministra de Administraciones Públicas, Elena
Salgado; en el texto, exigía el reglamento para antes de tres meses. El
grupo socialista ofreció a Herrera ampliar el plazo de tres a cuatro
meses, y finalmente el pleno ha votado estos términos de la moción, que
insta al Ejecutivo a aprobar las normas que permitan dar “cumplimiento
íntegro” a la norma, incluida la publicación en el BOE del patrimonio
de los ministros y los secretarios de Estado.
del Gobierno para aplicarla, puesto que el antecesor de Salgado, Jordi
Sevilla, sí redactó un reglamento que todavía duerme, ha dicho, “en un
cajón”. El portavoz de ICV, que conforma grupo parlamentario con ERC e
IU, ha advertido a la ministra de que tendrá que cumplir el mandato de
la Cámara y ha insistido en que el desarrollo de la ley dará más
transparencia a la actividad política.
que su grupo suscribe íntegramente el discurso de Herrera, algo que a
su juicio prueba la “ineficacia” y “maldad política” del Gobierno.
Merino se ha preguntado por qué los socialistas aprueban leyes “a bombo
y platillo” para incumplirlas y ha tachado de “desfachatez” que hoy
admitan un nuevo plazo de cuatro meses para el reglamento de
incompatibilidades cuando no lo han hecho en dos años.
dejado claro que el Gobierno ha incumplido la obligación legal
establecida en 2006 por las Cortes y ha revelado las “severas dudas”
que tiene sobre el respeto a la ley en vigor por parte de miembros del
Gobierno, que eludió mencionar con nombres y apellidos. Mientras que
Jordi Jané, del grupo de CiU, que en 2006 votó en contra de la ley, ha
anunciado sin embargo un voto a favor de la moción, pero ha expresado
su escepticismo respecto a la eficacia que para el fin que pretende la
norma pueda tener la difusión del patrimonio de los miembros del
Gobierno en una especie de “ránking”. Así, ha advertido del riesgo de
“criminalización” que se corre en función de los datos que aparezcan en
el cómputo patrimonial.
Batet, quien, al margen del retraso en el reglamento, ha remarcado que
este grupo parlamentario siempre ha llevado la iniciativa en esta
materia y ha asegurado que lo seguirá haciendo, frente a las
interpretaciones “laxas” que de la norma hacían los gobiernos del
Partido Popular. Además, ha puntualizado al PP que quien ahora no
cumple las leyes son las comunidades autónomas gobernadas por este
partido y ha dicho que aunque no se haya aprobado el reglamento, la
ley, que pretende “mejorar la calidad democrática y la transparencia”,
se cumple, y dudarlo es “irresponsable”.” www.ideal.es – EFE – Madrid
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‘Derecho a vivir’ denuncia el ‘apagón informativo’ en la subcomisión
parlamentaria si las reuniones se celebran a puerta cerrada. Mientras,
Aído, no comparte “que se realicen espectáculos”.La plataforma Derecho a Vivir37 denuncia que los trabajos de la subcomisión parlamentaria sobre el aborto, que se iniciarán este 30 de octubre, se desarrollarán en condiciones de opacidad.
La presidenta de este grupo de trabajo, Carmen Calvo (PSOE), ha impuesto que las reuniones sean a puerta cerrada, que se prohíba la entrada a periodistas,
que no se transmitan por el Canal Parlamentario y que las opiniones de
los expertos no se transcriban al Diario de Sesiones, según ha podido
saber este martes la iniciativa Derecho a Vivir (DAV) de fuentes
conocedoras de la condiciones de funcionamiento de la Subcomisión.
La portavoz DAV y responsable del gabinete jurídico de HazteOir.org38, Blanca Escobar, ha pedido al PSOE que “reconsidere estas medidas que no tienen ninguna justificación razonable y practique la transparencia que predica“.
El sesgado Comité de ‘expertos’ de Aído
La
diputada que preside este grupo de congresistas, considera DAV, “quiere
sustraer a la opinión pública de la posibilidad de conocer las
opiniones de expertos que llevarán a la Subcomisión los distintos
grupos parlamentarios”.
Aparecen “graves indicios” de que “el
Gobierno quiere aprobar la nueva ley del aborto como una medida
puramente política, sin el menor interés en su fundamentación
científica, primando de esta forma al sesgado Comité de ‘expertos’
creado por el Ministerio de Igualdad, cuyos miembros son todos
abiertamente partidarios del aborto, si no directamente amigos de la ministra”.
“También nos llama la atención la rapidez con que Carmen Calvo ha convocado esta primera reunión de la Subcomisión. Parece como si el Gobierno quisiera acelerar su propio plan de ampliación del aborto“, señala Blanca Escobar.
DAV
también espera que, en la primera reunión, prevista para este 30 de
octubre, la presidenta de la Subcomisión “no imponga un calendario de
trabajo muy breve, sino que permita a la Subcomisión conocer las
opiniones de un número suficiente de expertos en biomedicina, ginecólogos, psiquiatras y juristas, que son los que pueden aportar luz sobre el problema del aborto”.(…)” www.gaceta.es
“El tripartito catalán de izquierdas ha aprobado la ley de la Oficina
Antifraude de Cataluña. Este organismo se ha creado para “luchar contra
la corrupción” tal y cómo ha señalado el parlamentario de ERC, Xavier
Vendrell, padrino de la ley. Dicho ente es un organismo pionero entre
las comunidades autónomas y se encargará de prevenir e investigar
posibles casos de corrupción de la Administración.
No sólo examinará los organismos dependientes de la Generalitat si
no también a ayuntamientos e universidades. Del mismo modo podrá actuar
sobre empresas que tengan relación con la Generalitat. La gran novedad
es que la Oficina Antifraude de Cataluña podrá llevar los expedientes
que crea convenientes ante Fiscalía.
La ley ha salido adelante
gracias a los votos del tripartito (PSC, ERC e ICV) y de Ciutadans y
con la oposición de CiU y PP que han considerado que la ley no tenía
suficientes competencias para actuar y que chocaría con otros
organismos fiscalizadores como la Sindicatura de Cuentas catalana. Es
un organismo “independiente” y adscrito al Parlamento catalán, no al
Gobierno. Además el puesto de director tendrá un mandato de nueve años. (…) J.Foguet – www.elpais.com
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” El presidente del Govern, Francesc Antich, garantizó hoy la
transparencia en la administración pública para que ni un sólo euro del
contribuyente sea desviado hacia intereses privados. Por ello, recordó
que el Govern ultima una ley del sector público que asegure la
necesaria fiscalización de las empresas públicas, una norma cuyo fin es
evitar que se repitan prácticas corruptas como las que salpican la
política balear.
En su discurso durante la primera jornada de Debate del Estado de
la Autonomía, Antich enfatizó el esfuerzo del actual Govern para
colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los casos de
corrupción que han salido a la luz relacionados con políticos en activo
fraguados en la pasada legislatura. En este punto, sostuvo que el
cambio del modelo económico debe ir “necesariamente acompañado” de un
“cambio en la forma de gestionar los recursos públicos”, para que “todo
el mundo debe pueda confiar en la honestidad de sus gobernantes”.
El dirigente autonómico censuró la pésima gestión del dinero
público realizada en la pasada legislatura y expresó su compromiso para
que el dinero que la ciudadanía deposita en la hacienda pública “sea
siempre administrado con austeridad y escrupulosidad absolutas”.
Por ello, dijo, “es necesario y forzoso dotar a la Administración
pública de una transparencia exquisita”. En cuanto al trabajo que está
realizando la justicia para esclarecer todos los presuntos casos de
corrupción, manifestó que el Govern respeta “escrupulosamente” la
acción independiente de la justicia y colaborará en todos los
requerimientos que se le ordenen.(…)” www.europapress.es
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