“La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa. Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.
Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: “Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]” a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.
Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.(…)” El País – Francisco Mercado
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“El candidato a lehendakari por EB, Javier Madrazo, propuso ayer aprobar una ley de Transparencia de las Administraciones Públicas y el Derecho Ciudadano al Acceso a la Información que permitirá, a su juicio, “recuperar la confianza de la ciudadanía en la política”. Madrazo presentó ayer tarde en San Sebastián un manifiesto que sostiene que “la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública son dos exigencias democráticas ineludibles que deben guiar todas las actuaciones de las administraciones”, informa Efe.
El consejero de Vivienda insistió en que “es preciso que la sociedad pueda conocer, con carácter inmediato y actualizado, toda la actividad de las administraciones en relación con la contratación de servicios, adquisición de bienes, proveedores, ofertas y presupuestos”.
El coordinador de EB defendió además la creación de una Oficina Ética en Euskadi con un triple objetivo: reforzar las buenas prácticas de las administraciones; prevenir e investigar posibles casos de corrupción o uso fraudulento de fondos públicos, y fomentar la participación social en el diseño, la ejecución y la evolución de todas las actuaciones institucionales. Tal Oficina estaría vinculada al Parlamento vasco, mientras que su director deberá ser una “persona de reconocido prestigio profesional, sin adscripción ideológica”.(…) El País.
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“Carlos Fabra se mostró ayer satisfecho tras la muestra de apoyo que recibió el fin de semana pasado en el Congreso regional celebrado por los conservadores en Valencia. El PP aprobó una ponencia por la que no se actuará contra un militante en el caso de imputación o de sospechas de corrupción y sólo se tomarán medidas en caso de “condena firme”.
El párrafo parece hecho a la medida de Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, que se encuentra imputado por nueve delitos, entre los que se encuentra el fraude fiscal, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el cohecho y la falsificación de documento público (…) Público – Belén Toledo.
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La situación no mejora.
A falta de ley y de voluntad en las
instituciones
los ciudadanos siguen sin recibir la
información que necesitan
El día 1 de octubre ACCESS INFO EUROPE publica un nuevo informe sobre los resultados del seguimiento de cuarenta y un solicitudes realizadas a más de veinte instituciones en España en el último año. El 78% no recibió la información solicitada.
El informe “Cuando lo público no es público” desvela las respuestas insólitas e inadmisibles que la Administración da a las solicitudes de información que los ciudadanos le presentan. En este estudio se analizan también las carencias de la normativa española actual y las prácticas restrictivas de la Administración
que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información y de participación ciudadana.
Ministerios que se callan cuando se les pregunta si se ha adaptado a derecho español el Convenio para la lucha
contra la corrupción (Ministerio de Justicia); o que se niegan a dar información sobre el número de inmuebles de su propiedad vendidos en el 2007 (Ministerio de Defensa). Funcionarios que preguntan “pero ¿esa información se puede dar a personas normales?” cuando se les pide información sobre las reuniones de la Ministra con grupos externos de interés (Ministerio de Fomento); o que cuando se les pregunta sobre el número de días que el Presidente del Gobierno estuvo fuera del país el año pasado dicen por teléfono “presente su escrito pero esa
información no se le va a dar” (Ministerio de la Presidencia). Ayuntamientos que rehúsan escritos al Alcalde y los devuelven sin abrir aunque contengan un recurso (Ayuntamiento de Madrid). Todas éstas son algunas de las turbadoras respuestas que la Administración da para denegar la información.
Eva Moraga, autora del informe, comenta: “la mayoría de las razones dadas por las instituciones para no
facilitar los datos no están en consonancia con los principios internacionales del derecho de acceso a la información pública y con la práctica de otros países de la Unión Europea.”
“La ausencia de una ley específica de acceso a la información pública facilita este tipo de comportamiento por parte de la Administración” añade Moraga.
Argumentos paternalistas se entremezclan con el silencio absoluto o con respuestas con motivaciones sorprendentes ancladas en los obstáculos de nuestra normativa actual y en la tradición oscurantista de la Administración. Access Info Europe hace un llamamiento al Gobierno para que cumpla su compromiso electoral de aprobar una ley que acabe con este tipo de situaciones y reconozca plenamente el derecho de toda persona a acceder en condiciones de igualdad a toda información en poder de las instituciones públicas.
Informe: Cuando lo publico no es publico
Cuadro de las solicitudes en seguimiento
Más información en www.access-info.org
“El PP ha anunciado la creación de una ‘Comisión de Ética’ destinada a garantizar la transparencia en la gestión de los cargos del partido, así como para supervisar su trabajo, órgano que será presidido por el catedrático de Historia del Derecho Román Piña Homs.”
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“El vicesecretario de Política Territorial y presidente del PP
andaluz, Javier Arenas, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso,
Soraya Sáenz de Santamaría, presentarán mañana en la localidad
malagueña de Estepona un paquete de medidas contra la corrupción
urbanística.
Algunas de esas propuestas estaban recogidas en el programa marco
con el que el PP se presentó a las elecciones autonómicas y municipales
de 2007. Entre ellas figuran medidas para facilitar la transparencia
urbanística y para agilizar los procedimientos que ahora conllevan la
discrecionalidad, pero también se incluye la revisión de los castigos
penales y la posibilidad de destinar los bienes incautados a políticas
sociales de los ayuntamientos afectados, señalaron fuentes ‘populares’.(…)” Europa Press.es
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“Sevilla – Sólo dos ayuntamientos socialistas tienen colgado en Internet los datos. El PSOE incluirá en sus estatutos internos la obligatoriedad de sus alcaldes y concejales a hacer pública en Internet su declaración de bienes y actividades. Ésta será una de las novedades que se debatirá en el 11º Congreso Regional del PSOE de Andalucía que comienza hoy en Granada al que Manuel Chaves se presenta, por quinta ocasión, como único candidato a la secretaría general. (…)
Entre las propuestas que incluirá el PSOE figura la de reforzar todo el capítulo de transparencia de los gobiernos locales, según fuentes de este partido, con lo que se envía un mensaje de que se quieren evitar casos de corrupción como el recientemente destapado en Estepona (Málaga) gobernado por los socialistas.
En enmiendas planteadas a la ponencia marco desde Cádiz y Granada, se pide “trasladar” a los ayuntamientos el nivel de “transparencia patrimonial” de la Administración autonómica. También se recalca que las “autoridades locales” están “obligadas a actuar conforme los principios democráticos y la ética socialista”.
Los socialistas ya exigen a los miembros de las listas electorales municipales a presentar al Comité de Ética su declaración de bienes y actividades, pero no son datos públicos. Esta regla también rige para los candidatos al Congreso y Senado, en función de una directriz aprobada por el comité federal en noviembre de 2007 y para los aspirantes al Parlamento andaluz, en función de la ley Electoral andaluza. Los datos patrimoniales y bienes de los altos cargos de la Junta están disponibles en Internet, así como los de los parlamentarios autonómicos.
Hasta ahora, los socialistas sólo tienen constancia de que únicamente dos ayuntamientos gobernados por ellos (Sevilla y Jerez) han colgado en Internet los bienes de los concejales. Teóricamente la ley del Suelo de 2007 obliga a todos los ayuntamientos de España a poner en marcha esta medida, aunque muchos de ellos se escudan en que no tienen cobertura legal para ponerla en marcha.
Será hora la ley del partido la que rija para la inmensa mayoría de los 489 ayuntamientos gobernados por el PSOE en Andalucía. Este partido se comprometió en su manifiesto con motivo de las municipales de 2007 a publicar en Internet y boletines oficiales los sueldos no sólo de los cargos electos sino de los directivos de las empresas municipales, pero por ahora no lo han cumplido. (…)” Lourdes Lucio – El País.com
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“PALMA.- La candidatura de Carlos Delgado presenta una enmienda a la totalidad a la Ponencia de Estrategia Política que se debatirá en el XII Congreso del PP balear del próximo 5 de julio, frente a la que ha dado a conocer un texto alternativo que aboga una “urgente” regeneración de la vida pública así como un “máximo” refuerzo de la ética política, con el objetivo de erradicar la corrupción y lograr que los cargos públicos sean “espejo” en el que se mire la sociedad.
Durante la rueda de prensa de presentación, uno de los miembros de la candidatura, Joan Font, considera que el “prestigio” de la democracia depende de la “ejemplaridad” de los comportamientos políticos, al tiempo que incide en la necesidad de reformar la legislación a fin de que, en las distintas citas electorales, gobierne el partido que obtenga el mayor número de sufragios, en contra de los pactos de gobierno.(…)” Europa Press – El Mundo.es
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“Jesús María Pacios y Reyes Tintó fueron destituidos como concejales del Ayuntamiento de Torrelodones en el verano de 2006. El alcalde, Carlos Galbeño (PP) los relevó porque se opusieron a uno de sus proyectos más polémicos: la recalificación del Área Homogénea Norte (AHN). Esta zona de 128 hectáreas forma parte del parque regional del Manzanares. Y allí, el alcalde pretendía construir un complejo residencial de 1.500 viviendas, campo de golf y un centro comercial.
Desde ese momento, los concejales destituidos denunciaron en público otras actuaciones sospechosas del gobierno municipal. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial consideran que los ediles “denunciaron los hechos irregulares de los que tuvieron noticia”. El alcalde, el concejal de Urbanismo y el presidente del PP local Mario Mingo -diputado nacional- se querellaron contra los ediles expulsados y los acusaron de difamación. La audiencia ha desestimado la querella.
Desde que Pacios y Tintó se opusieron a la urbanización del AHN fueron perseguidos por el PP local. De hecho, en el boletín del PP local publicado el 3 de noviembre de 2006 se anunció que los concejales habían sido imputados por un presunto delito de calumnias antes de que los querellantes presentaran la denuncia, el 5 de diciembre de ese mismo año. El alcalde y otros concejales populares acusaron a los ediles díscolos de “defender intereses privados en lugar de los públicos”.
Ante estos ataques, los dos ediles denunciaron, en octubre de 2006, ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades urbanísticas.(…)” El País.com – J.Sérvulo González – Madridç
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“El síndico mayor de Cuentas, Joan Colom, censuró ayer que el concepto de vinculación entre las formaciones políticas y sus fundaciones “no está definido en la normativa que regula los partidos políticos y su financiación, ni en la normativa reguladora de las fundaciones”, por lo que instó a solventar la situación.
Colom repasó el informe de la Sindicatura sobre subvenciones a fundaciones vinculadas a las formaciones políticas catalanas con representación parlamentaria en 2004, que sumaron 944.755 euros entre seis fundaciones, contando sólo subvenciones superiores a 10.000 euros. Las beneficiarias fueron la Fundación Rafael Campalans (PSC), con 249.991 euros; la Ramon Trias Fargas (CDC), con 208.136; la President Josep Irla (ERC), con 172.519; la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (PP), con 90.675 euros; la Fundació Privada Institut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn (UDC), con 61.902, y la Fundació Privada Nous Horitzons (ICV), con 161.530.
Colom destacó que muchas subvenciones se otorgaron sin concurso público.(…) El País.com – Barcelona
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