“El PSOE quiere que la capacidad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adquiera transparencia y, para ello, pretende que el órgano de gobierno de los jueces incluya en su memoria anual, de manera “exhaustiva”, los expedientes disciplinarios y las causas del archivo de los mismos, al tiempo que le insta a adoptar las medidas procedimentales para evitar su caducidad.
Ésta es una de las doce propuestas de resolución relativas a las Memorias del Consejo del Poder Judicial correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, a las que tuvo acceso Europa Press, que los socialistas defenderán en el Pleno del Congreso del próximo jueves.
Además, el PSOE plantea al CGPJ que culmine la elaboración de un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, sustituyendo al actual de módulos, para dimensionar la planta judicial y, en su caso, para un crecimiento “sostenible, progresivo y racional” de ésta.
ATENCIÓN “PREFERENTE” A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Asimismo, le sugiere que busque fórmulas “alternativas y complementarias” que mejoren la prestación del servicio, incentivando la actividad y partiendo del reconocimiento y dedicación de los miembros de la carrera judicial.
El PSOE apunta también la necesidad de que el CGPJ siga prestando una atención “preferente” a los juzgados de violencia de género, que abogue por reducir el elevador número de vacantes estructurales que presenta la carrera judicial y que racionalice “en sus justos términos” los llamamientos y la actuación de la justicia interina.
Del mismo modo, el grupo que capitanea José Antonio Alonso alude a la conveniencia de establecer mecanismos en su servicio de inspección que garanticen “el buen control y funcionamiento” de los órganos judiciales y a incluir en sus boletines estadísticos un conocimiento “cierto” del número de asunto, de la antigüedad de los mismos y de las causas de una posible dilación. (…)” www.europapress.es
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“El PSOE quiere que la capacidad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adquiera transparencia y, para ello, pretende que el órgano de gobierno de los jueces incluya en su memoria anual, de manera “exhaustiva”, los expedientes disciplinarios y las causas del archivo de los mismos, al tiempo que le insta a adoptar las medidas procedimentales para evitar su caducidad.
Ésta es una de las doce propuestas de resolución relativas a las Memorias del Consejo del Poder Judicial correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, a las que tuvo acceso Europa Press, que los socialistas defenderán en el Pleno del Congreso del próximo jueves.
Además, el PSOE plantea al CGPJ que culmine la elaboración de un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, sustituyendo al actual de módulos, para dimensionar la planta judicial y, en su caso, para un crecimiento “sostenible, progresivo y racional” de ésta.
ATENCIÓN “PREFERENTE” A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Asimismo, le sugiere que busque fórmulas “alternativas y complementarias” que mejoren la prestación del servicio, incentivando la actividad y partiendo del reconocimiento y dedicación de los miembros de la carrera judicial.
El PSOE apunta también la necesidad de que el CGPJ siga prestando una atención “preferente” a los juzgados de violencia de género, que abogue por reducir el elevador número de vacantes estructurales que presenta la carrera judicial y que racionalice “en sus justos términos” los llamamientos y la actuación de la justicia interina.
Del mismo modo, el grupo que capitanea José Antonio Alonso alude a la conveniencia de establecer mecanismos en su servicio de inspección que garanticen “el buen control y funcionamiento” de los órganos judiciales y a incluir en sus boletines estadísticos un conocimiento “cierto” del número de asunto, de la antigüedad de los mismos y de las causas de una posible dilación. (…)” www.europapress.es
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“La conexión entre el principio de independencia y el de responsabilidad
de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional ha
sido una de las premisas en las que ha descansado la constitución del
Estado de derecho. Nuestros constituyentes de 1812 la expresaron con la
elocuencia con que suele hacerse en los momentos fundacionales. “Como
la integridad de los jueces es el requisito más esencial para el buen
desempeño de su cargo, es preciso asegurar en ellos esta virtud por
cuantos medios sean imaginables. Su ánimo debe estar a cubierto de las
impresiones que pueda producir hasta el remoto recelo de una separación
violenta. Y ni el desagrado del Monarca ni el resentimiento de un
ministro han de poder alterar en lo más mínimo la inexorable rectitud
del juez o magistrado. Para ello nada es más a propósito que el que la duración de su cargo dependa absolutamente de su conducta,
calificada en su caso por la publicidad de un juicio”. Ahora bien, “la
misma seguridad que adquieren los jueces en la nueva Constitución exige que su responsabilidad sea efectiva en todos los casos en que abusen de la tremenda autoridad que la ley les confía”. (…)
Un poder sin responsabilidad es un poder que tiende inevitablemente
a la corrupción. No me refiero a la corrupción en el sentido de
aprovechamiento económico personal por parte de jueces o magistrados
del ejercicio de la potestad jurisdiccional, sino a la corrupción en el
sentido en que se utilizaba el término a finales del siglo XVIII y
comienzo del XIX, a la corrupción institucional, a la subversión del
lugar que ocupa o, mejor dicho, que debe ocupar el poder judicial en el
Estado.
Ejemplos notorios de esta corrupción institucional los
hemos tenido esta misma semana. La reacción de los jueces de toda
España, protagonizando una huelga encubierta, que es algo que tienen
constitucionalmente prohibido de manera expresa, para intentar impedir
que se exija la responsabilidad que corresponde a uno de sus compañeros
por la dejación acreditada e indiscutida del ejercicio de la función
jurisdiccional durante más de dos años, no puede dejar de ser
calificada de escandalosa, como hizo el editorial de este mismo diario.
De la misma manera que tampoco puede dejar de ser calificado de
escandaloso el escrito suscrito mayoritariamente por magistrados del
Tribunal Supremo, en el que advertían al Consejo General del Poder
Judicial de cómo debían actuar en la resolución del expediente
sancionador al juez cuya conducta está en el origen de la huelga
encubierta a la que acabo de hacer referencia. Aunque los magistrados
de la Sala de lo Contencioso Administrativo no firmaron el escrito, a
fin de no contaminarse ante la posible interposición de un recurso por
el juez frente a la posible decisión sancionadora del CGPJ, el dato de
que era una mayoría abrumadora de los demás magistrados del Tribunal
Supremo la que firmaba el escrito, enviaba el mensaje al Consejo
General del Poder Judicial de que, en caso de que su aviso no fuera
atendido, su decisión acabaría siendo anulada en la sentencia que
resolviera el recurso contra la misma. (…)” Javier Pérez Royo – www.elpais.com
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