“El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, intenta dar carpetazo a la polémica de los informes externos de dudosa utilidad encargados por su Gobierno en 2007. El método que ha escogido es negarle a la oposición copia de los estudios encargados por el Departamento de la Presidencia tal como le había solicitado Convergència i Unió en el Parlamento catalán. Con este gesto Montilla se enfrenta también al presidente de la Cámara, el republicano Ernest Benach, quien, reglamento en mano, recuerda que los diputados deben tener copia de cualquier documento solicitado siempre que éste no sea secreto.
Benach, atendiendo la demanda de amparo del diputado de CiU Jordi Turull, dictaminó hace dos semanas que Montilla debía entregar copia de 12 informes solicitados por el primer grupo de la oposición. Así se lo hizo saber a Montilla. El presidente de la Generalitat respondió ayer, también por carta con una negativa tajante.
Montilla se justifica recordando que el diputado ya ha podido ver los informes sospechosos, aunque no haya podido fotocopiarlos como era su intención. Según la carta de Montilla, el Gobierno no ha negado información a CiU porque entiende que el reglamento del Parlamento le permite no dar copias de los informes “teniendo en cuenta la índole de la información” solicitada. En la misiva, el presidente se atribuye la potestad para determinar si un documento debe o no ser entregado. “De aquí que no se pueda concluir a priori y de forma generalizada cuál es la fórmula para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información de los diputados”. (…)
El Gobierno catalán acusa a CiU de actuar con doble rasero. Y es que los nacionalistas no sólo negaron sistemáticamente copia de los mismos a la oposición cuando gobernaba, sino que ni siquiera publicitaba los encargos que hacía. Ni las tarifas que pagaba. Cuando el tripartito llegó a la Generalitat en 2003 encontró decenas de informes en un almacén que analizaban desde las perspectivas electorales de Convergència i Unió hasta la tendencia política de algunos periodistas. Todo pagado con dinero público.” www.elpais.com
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