“La portavoz de ICV, Laia Ortiz, reclamó hoy al Gobierno que introduzca mecanismos de transparencia y regulación e instrumentos de banca pública, tras la intervención del Ejecutivo central en Caja Castilla-La Mancha (CCM).
En rueda de prensa, aseguró que la primera responsabilidad del Gobierno es dar confianza y seguridad, garantizando los depósitos y la inyección de liquidez, “pero con condiciones”. “Los recursos públicos es dinero de todo el mundo, y hay que pedir responsabilidades y poner condiciones a la hora de inyectar liquidez e introducir transparencia en el funcionamiento de estas cajas”, aclaró.(…)” www.europapress.es
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“El PSOE quiere que la capacidad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adquiera transparencia y, para ello, pretende que el órgano de gobierno de los jueces incluya en su memoria anual, de manera “exhaustiva”, los expedientes disciplinarios y las causas del archivo de los mismos, al tiempo que le insta a adoptar las medidas procedimentales para evitar su caducidad.
Ésta es una de las doce propuestas de resolución relativas a las Memorias del Consejo del Poder Judicial correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, a las que tuvo acceso Europa Press, que los socialistas defenderán en el Pleno del Congreso del próximo jueves.
Además, el PSOE plantea al CGPJ que culmine la elaboración de un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, sustituyendo al actual de módulos, para dimensionar la planta judicial y, en su caso, para un crecimiento “sostenible, progresivo y racional” de ésta.
ATENCIÓN “PREFERENTE” A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Asimismo, le sugiere que busque fórmulas “alternativas y complementarias” que mejoren la prestación del servicio, incentivando la actividad y partiendo del reconocimiento y dedicación de los miembros de la carrera judicial.
El PSOE apunta también la necesidad de que el CGPJ siga prestando una atención “preferente” a los juzgados de violencia de género, que abogue por reducir el elevador número de vacantes estructurales que presenta la carrera judicial y que racionalice “en sus justos términos” los llamamientos y la actuación de la justicia interina.
Del mismo modo, el grupo que capitanea José Antonio Alonso alude a la conveniencia de establecer mecanismos en su servicio de inspección que garanticen “el buen control y funcionamiento” de los órganos judiciales y a incluir en sus boletines estadísticos un conocimiento “cierto” del número de asunto, de la antigüedad de los mismos y de las causas de una posible dilación. (…)” www.europapress.es
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“El PSOE quiere que la capacidad sancionadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adquiera transparencia y, para ello, pretende que el órgano de gobierno de los jueces incluya en su memoria anual, de manera “exhaustiva”, los expedientes disciplinarios y las causas del archivo de los mismos, al tiempo que le insta a adoptar las medidas procedimentales para evitar su caducidad.
Ésta es una de las doce propuestas de resolución relativas a las Memorias del Consejo del Poder Judicial correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007, a las que tuvo acceso Europa Press, que los socialistas defenderán en el Pleno del Congreso del próximo jueves.
Además, el PSOE plantea al CGPJ que culmine la elaboración de un nuevo sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, sustituyendo al actual de módulos, para dimensionar la planta judicial y, en su caso, para un crecimiento “sostenible, progresivo y racional” de ésta.
ATENCIÓN “PREFERENTE” A LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Asimismo, le sugiere que busque fórmulas “alternativas y complementarias” que mejoren la prestación del servicio, incentivando la actividad y partiendo del reconocimiento y dedicación de los miembros de la carrera judicial.
El PSOE apunta también la necesidad de que el CGPJ siga prestando una atención “preferente” a los juzgados de violencia de género, que abogue por reducir el elevador número de vacantes estructurales que presenta la carrera judicial y que racionalice “en sus justos términos” los llamamientos y la actuación de la justicia interina.
Del mismo modo, el grupo que capitanea José Antonio Alonso alude a la conveniencia de establecer mecanismos en su servicio de inspección que garanticen “el buen control y funcionamiento” de los órganos judiciales y a incluir en sus boletines estadísticos un conocimiento “cierto” del número de asunto, de la antigüedad de los mismos y de las causas de una posible dilación. (…)” www.europapress.es
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“El equipo de gobierno del PP ocultó durante la sesión plenaria, los datos solicitados por los socialistas, que preguntaron sobre el coste de la campaña recaudatoria del IBI puesta en marcha por el Partido Popular. Ante las preguntas formuladas por la edil socialista Yolanda Besteiro, el concejal Gonzalo Garrido no facilitó dato ni información alguna.
Tras la sesión plenaria, el portavoz municipal de los socialistas, Javier Rodríguez, denunció “la estrategia de Bartolomé González y su equipo de gobierno de negar sistemáticamente el acceso a la información económica de este Ayuntamiento”. Rodríguez afirmó que la actitud mantenida hoy por el equipo de gobierno, negando la información solicitada en el Pleno y ocultando el coste de su campaña recaudatoria “supone un engaño y una falta de respeto a todos los vecinos, que tienen derecho a saber en qué se gasta el equipo de gobierno su dinero. Desde el Grupo Socialista –añadió- vamos a seguir exigiendo tener acceso a esta información y seguiremos solicitando a Bartolomé González que aclare en qué gasta miles y miles de euros que no son suyos, sino de todos los alcalaínos”.(…)”www.portal-local.com
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“El presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, intenta dar carpetazo a la polémica de los informes externos de dudosa utilidad encargados por su Gobierno en 2007. El método que ha escogido es negarle a la oposición copia de los estudios encargados por el Departamento de la Presidencia tal como le había solicitado Convergència i Unió en el Parlamento catalán. Con este gesto Montilla se enfrenta también al presidente de la Cámara, el republicano Ernest Benach, quien, reglamento en mano, recuerda que los diputados deben tener copia de cualquier documento solicitado siempre que éste no sea secreto.
Benach, atendiendo la demanda de amparo del diputado de CiU Jordi Turull, dictaminó hace dos semanas que Montilla debía entregar copia de 12 informes solicitados por el primer grupo de la oposición. Así se lo hizo saber a Montilla. El presidente de la Generalitat respondió ayer, también por carta con una negativa tajante.
Montilla se justifica recordando que el diputado ya ha podido ver los informes sospechosos, aunque no haya podido fotocopiarlos como era su intención. Según la carta de Montilla, el Gobierno no ha negado información a CiU porque entiende que el reglamento del Parlamento le permite no dar copias de los informes “teniendo en cuenta la índole de la información” solicitada. En la misiva, el presidente se atribuye la potestad para determinar si un documento debe o no ser entregado. “De aquí que no se pueda concluir a priori y de forma generalizada cuál es la fórmula para dar cumplimiento al derecho de acceso a la información de los diputados”. (…)
El Gobierno catalán acusa a CiU de actuar con doble rasero. Y es que los nacionalistas no sólo negaron sistemáticamente copia de los mismos a la oposición cuando gobernaba, sino que ni siquiera publicitaba los encargos que hacía. Ni las tarifas que pagaba. Cuando el tripartito llegó a la Generalitat en 2003 encontró decenas de informes en un almacén que analizaban desde las perspectivas electorales de Convergència i Unió hasta la tendencia política de algunos periodistas. Todo pagado con dinero público.” www.elpais.com
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“El candidato a lehendakari por EB, Javier Madrazo, propuso ayer aprobar una ley de Transparencia de las Administraciones Públicas y el Derecho Ciudadano al Acceso a la Información que permitirá, a su juicio, “recuperar la confianza de la ciudadanía en la política”. Madrazo presentó ayer tarde en San Sebastián un manifiesto que sostiene que “la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública son dos exigencias democráticas ineludibles que deben guiar todas las actuaciones de las administraciones”, informa Efe.
El consejero de Vivienda insistió en que “es preciso que la sociedad pueda conocer, con carácter inmediato y actualizado, toda la actividad de las administraciones en relación con la contratación de servicios, adquisición de bienes, proveedores, ofertas y presupuestos”.
El coordinador de EB defendió además la creación de una Oficina Ética en Euskadi con un triple objetivo: reforzar las buenas prácticas de las administraciones; prevenir e investigar posibles casos de corrupción o uso fraudulento de fondos públicos, y fomentar la participación social en el diseño, la ejecución y la evolución de todas las actuaciones institucionales. Tal Oficina estaría vinculada al Parlamento vasco, mientras que su director deberá ser una “persona de reconocido prestigio profesional, sin adscripción ideológica”.(…) El País.
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”
urbanístico muy importante y, por tanto, va a a aumentar su suelo
construido de forma exponencial hasta quintuplicar su población en
muchos casos. Ese es el caldo de cultivo en España para que surja una
corruptela vinculada a las recalificaciones y al ladrillo en la que los
protagonistas son, de un lado, miembros del equipo de gobierno del
ayuntamiento o la comunidad y, de otro, empresarios que aspiran a
repartirse el pastel, con técnicos o abogados asesorando a unos y otros
y sacando tajada.
costa mediterránea de norte a sur, ciertas áreas de Galicia y Asturias,
y en general toda la costa, el trinomio está servido, según fuentes del
Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil. Con estos mimbres,
no es extraña la afirmación de los investigadores: «El urbanismo da ya
más dinero que la droga y las penas son menores. Un terreno se
revaloriza de forma exponencial».
en urbano comienza a moverse mucho dinero. De ahí, que los
investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) estén ojo avizor:
en este momento mantienen abiertas seis operaciones que de aquí a unos
meses darán resultados, similares a los que se han producido en
Librilla y Totana (Murcia). Otra media docena de asuntos se están
siguiendo con detenimiento, pero aún se encuentran en fase preliminar.
que las detenciones de imputados y los registros son sólo una fase más;
son investigaciones «vivas» en las que los documentos intervenidos
pueden dar más fruto que todo lo que se haya trabajado hasta ese
momento. Hasta ahora los ayuntamientos en los que la Guardia Civil ha
detectado corrupción pertenecen al PP -la Policía ha llevado a cabo
golpes en consistorios también del PSOE y de otros partidos-, pero los
agentes están convencidos de que el color político de los consistorios
«no es ni mucho menos determinante y el paso del tiempo equiparará a
los distintos partidos».
no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas
asumibles por la sociedad», resumen fuentes del Grupo de Delitos
Urbamísticos. «Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor
que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan, se supone) a
que se beneficien los contrarios o que te sueltan que lo han hecho
todos los que han pasado por ahí antes». Por el momento no se ha
encontrado que esa corrupción esté ligada a la financiación de los
partidos políticos, «pero eso no quiere decir que no suceda».” Cruz Morcillo, Pablo Muñoz – www.abc.es
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“Tras el «despacho fantástico» y el «coche fantástico», «una broma de
500 millones de pesetas», Alberto Núñez reclamó ayer nuevamente
«transparencia» en la gestión del bipartito y que la oposición tenga
acceso «a las facturas de todo». Preguntado además por los casi dos
millones de euros que -según informó ayer ABC- Touriño gasta en
asesores pero no detalla, el líder del PP lamentó que «la Ley de
Transparencia no sea tal», sino una «ley de apariencia» que además «no
se cumple». Así, adelantó que en el próximo pleno del Parlamento
pedirán «que no se oculta la realidad ni la información a los
ciudadanos». Por último, tachó de «fariseos» a los responsables de la
Consellería de Medio Ambiente, por presumir de «transparencia» en la
gestión de subvenciones y, al mismo tiempo, crear a través del
sindicato Unións Agrarias -próximo al PSOE- una asociación ecologista a
la que entregar ayudas por valor de 600.000 euros.(…)” www.abc.es
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Archivado en: Acceso a la Información, Declaración patrimonial, Transparencia
“Los ciudadanos no pueden acceder a los patrimonios declarados de los parlamentarios, ni de los altos cargos, ni de los alcaldes. En el primer caso, la ley no permite conocer los datos y en los otros dos no es posible tener acceso porque no se han desarrollado las leyes que pretendían dotar de transparencia a las declaraciones de patrimonio de altos cargos de la Administración central y de los regidores.
El caso más llamativo es el de los miembros del Gobierno, es decir, ministros y secretarios de Estado, sobre los que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero incumple desde hace ya dos años la Ley de Incompatibilidades que aprobó a bombo y platillo en abril de 2006. Esa norma, consecuencia de una promesa electoral formulada por el propio presidente del Gobierno en marzo de 2004, prevé en su artículo 14 que la relación de bienes de los ministros y secretarios de Estado sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. El problema es que ese precepto se remite a un futuro reglamento, para cuya aprobación establece un plazo de cuatro meses, a contar desde abril de 2006. Como dos años después el reglamento no se ha aprobado, la Ley de Incompatibilidades de la anterior legislatura ha quedado en papel mojado.
En diciembre de 2006, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, elaboró un reglamento que fue sometido a consultas en el Consejo de Estado. El informe fue favorable, pero el texto quedó definitivamente bloqueado en La Moncloa.
Fuentes del Gobierno aseguran que no hay ninguna previsión a corto plazo para aprobar ese reglamento que obligaría a publicar en el BOE la declaración de bienes de ministros y secretarios de Estado, con la única limitación de preservar la seguridad. En este momento todos los altos cargos están obligados a hacer esa declaración de patrimonio, pero los datos se depositan en el Ministerio de Administraciones Públicas, no pueden ser consultados y ni siquiera es posible comprobar su veracidad.
El apartado del proyecto de Ley de Incompatibilidades que preveía la publicación en el BOE de esos patrimonios ya se encontró con serias resistencias cuando se discutió en el Consejo de Ministros a finales de 2005, a pesar de que fue una promesa incluida en el programa que elaboró Jesús Caldera en 2004. Según un miembro del Gobierno, en aquel debate del Gabinete hubo reticencias del presidente, de los dos vicepresidentes y de destacados ministros como el entonces titular de Trabajo, Jesús Caldera. Pese a todo se incluyó en el proyecto y resistió la tramitación parlamentaria, pero no el desarrollo en el reglamento, a pesar de que se estableció que sólo se hiciera público la cifra global de los patrimonios, sin detallar los bienes.
Hay alguna comunidad como Castilla-La Mancha donde ya se hacen públicos los patrimonios de los consejeros. La iniciativa en ese caso fue del entonces presidente autonómico José Bono.
Ese reglamento bloqueado establecía también el funcionamiento de una nueva Oficina de Conflicto de Intereses y un control parlamentario de su actuación.(…)” El País – Fernando Garea.
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Existen dudas más que razonables en los últimos días sobre la
transparencia del plan de rescate del gobierno español y sobre quién y
cómo va a auditarlo y garantizar sus objetivos. Sin embargo, no se
trata de un problema puntual o de unas cuentas concretas. El hecho es
que sólo están auditadas el 5,05% de las entidades públicas españolas. De éstas, el 66% son estatales, el 29% autonómicas y sólo el 1% locales.
Para que se hagan una
idea, en el sector privado se realizaron 65.687 auditorías a lo largo
del ejercicio 2007, según datos de la Fundación para la Formación e
Investigación en Auditoría del Sector Público (FIASEP) y el Registro de
Economistas Auditores, REA, del Consejo General de Economistas.
El asunto es más grave
de lo que parece. Si los ciudadanos tenemos que apretarnos el cinturón
y gestionar con mimo nuestras cuentas en tiempos de crisis, cuánto más deberíamos exigir a quienes gestionan las cuentas públicas.
Seamos sensatos, ¿quién nos garantiza que los gestores de nuestros
dineros públicos son competentes? Aún más, ¿Quién nos garantiza que son
honrados?
En Alemania y en el
Reino Unido ya se produjo hace tiempo un cambio legislativo que
obligaba a las entidades del sector público a auditarse ¿Por qué no
aprovechamos nosotros la imperiosa necesidad de ser transparentes que
requieren estos tiempos de penuria y modificamos nuestras leyes? ¿O es que hay miedo a que otros certifiquen la validez de nuestras cuentas? (…) José J. Martín – www.finanzas.com
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