«El acceso a los datos públicos para periodistas y ciudadanos es una carrera de obstáculos. Qué hay de secreto en la marcha de las obras del tren AVE Madrid-Jaén? ¿Por qué es imposible conocer los criterios con los que el INE controla la veracidad de los censos de población? ¿Por qué el Ministerio de Sanidad no facilita las listas de espera hospitalaria, ni el de Medio Ambiente las de los municipios que no depuran las aguas residuales? No son secretos de Estado, pero en los despachos ministeriales se les trata como tales.
Todo periodista acostumbrado a reclamar datos a las administraciones públicas sabe de las dificultades de obtenerlos. Las preguntas arriba formuladas, e infinidad de otras similares, desaparecen por los agujeros negros de los gabinetes de prensa y de las instituciones de nuestra democracia. La opacidad no es una práctica exclusiva del Gobierno central, que alega en su defensa que muchas de las materias sobre las que se reclama información están transferidas. Los Ejecutivos autonómicos y las corporaciones locales no son más transparentes. Y es que la Administración pública (que da trabajo a casi tres millones de personas y es sin duda el mayor empresario nacional) es un complejo y pesado engranaje a las órdenes del poder político. Sin embargo, la ideología no marca diferencias fundamentales en el apego casi patrimonial a la información que maneja.
Prueba de ello es la constancia con la que el Ministerio de Fomento ha mantenido un estilo impenetrable a lo largo de las distintas legislaturas. Y no sólo para los periodistas. El Defensor del Pueblo, en su último informe, coloca a este departamento entre las entidades «entorpecedoras». Un listado que incluye específicamente a la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación y a Aviación Civil, junto a la Ciudad Autónoma de Ceuta y una docena de ayuntamientos grandes y pequeños. Pero aunque no figuren en la memoria del Defensor, son varios los departamentos que custodian la información como cruzados.
Especialmente alguna información. Mientras cualquier ciudadano británico puede enterarse, a través de la página web de la Cámara de los Comunes, de qué actividades extra desarrolla y qué bienes declara el diputado que le representa, el español lo tiene algo más complicado. Puede acceder a la lista de actividades extraparlamentarias de los diputados -previa petición por escrito-, pero lo relativo a sus bienes patrimoniales no es público, tal y como especifica en su artículo 160 la Ley Electoral.
En Francia también es material secreto. Pero la declaración patrimonial es custodiada (y supervisada) por la comisión para la transparencia financiera de la vida política, dependiente del Consejo de Estado e integrada por altos magistrados. En nuestro país, todo queda en casa. Es decir, en manos de la Comisión del Estatuto del Diputado.
Tampoco el Rey de España, que ostenta la suprema representación de la nación, está obligado a dar cuentas, ni de su patrimonio personal ni del uso que hace de los poco más de ocho millones de euros de presupuesto anual asignado a la Casa Real. Fuentes de La Zarzuela explican vagamente que el dinero sirve para pagar sueldos de altos cargos de la Casa, del personal laboral, y para cubrir «gastos derivados de la función del Rey como jefe del Estado, recepciones y viajes preparatorios de Sus Majestades». Los viajes oficiales corren, en cambio, por cuenta del Ministerio de Exteriores. No más explicaciones. El Rey no tiene que darlas, de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución, apuntan las mismas fuentes. (…)» Lola Galán, El País.com
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Transparencia y acceso a la información 